Coacción a la justicia

No debería quedar en un segundo plano que detrás del absurdo ontológico de la querella del Parlamento autónomo catalán contra el magistrado Pablo Llarena se percibe un ánimo de intimidación a la independencia judicial de un cinismo inaudito. En efecto, en este caso, una imputación de prevaricación, que es el delito más grave de los que se puede acusar a un juez, no sólo supone poner en tela de juicio la probidad profesional del acusado, sino la de la Administración de Justicia en su conjunto, puesto que la decisión de mantener la prisión provisional de algunos de los implicados en el golpe separatista en Cataluña ha sido ratificada por instancia superior.

 Es evidente, pues, que la pretensión del presidente de la Cámara catalana, Roger Torrent, que ha forzado a los propios letrados de la Institución a formalizar la querella, busca reforzar el nuevo relato secesionista, según el cual ya no estaríamos en el escenario de la pretendida independencia de Cataluña, sino en la defensa de unas libertades democráticas presuntamente conculcadas por el Gobierno del Partido Popular y su «brazo jurídico», es decir, los Tribunales españoles. En esta nueva estrategia vale todo para desacreditar a los jueces y magistrados, incluso hasta declaraciones demenciales como las de la portavoz de Junts per Cataluña, Elsa Artadi, que afirma que estamos «ante un golpe de Estado togado, cambiando al Ejército por jueces», o las del vicepresidente del Parlamento catalán, Josep Costa, comparando al magistrado Llarena con el teniente coronel Tejero y su irrupción en las Cortes el 23F. 

Como ya ocurriera con el «derecho a decidir», el nuevo planteamiento separatista está calando en los mismos sectores sociales y políticos que, desde una calculada equidistancia, proporcionaron oxígeno al movimiento xenófobo catalán. Es el caso de las centrales sindicales UGT y CCOO, parasitadas por el nacionalismo, convocantes, junto con las separatistas ANC y Omnium Cultural, de la manifestación del próximo domingo en favor de los políticos encarcelados. Pero, asimismo, la querella del Parlamento de Cataluña contra el magistrado Llarena, que denegó la salida de prisión de Jordi Sánchez para acudir a la sesión de su investidura, tiene una dimensión jurídica que no es posible obviar, ya que entraría de lleno en el campo del Código Penal, que tipifica como delito de «acusación y denuncia falsa» la imputación, con temerario desprecio a la verdad, de conductas y hechos que pueden constituir infracción penal. 

Se trata de un delito castigado con hasta dos años de prisión en el que, presuntamente, habrían caído los miembros de la mesa del Parlament, que, una vez más, desoyeron las advertencias del cuerpo de letrados de la Cámara. Lo mismo reza para la malversación, si la acción penal implica el uso de fondos públicos. En cualquier caso, lo esencial es desvirtuar la táctica nacionalista, que insiste en la desacreditación de la democracia española, desde la confianza en la labor de las distintas instituciones del Estado. Se puede discrepar de las decisiones judiciales, pero la intimidación a los jueces es una práctica especialmente execrable que atenta contra el principio de la independencia judicial, que está en la base de la democracia. 

En definitiva, que no estamos ante un problema de derechos fundamentales, sino ante las inevitables consecuencias jurídicas de la intentona golpista que el separatismo catalán llevó a cabo contra la democracia española. Conviene que los dirigentes de los partidos nacionalistas dejen a un lado su campaña insidiosa contra los jueces, que sólo aplican las leyes, reconozcan la realidad y se decidan a proponer un candidato a la Generalitat que no esté sujeto a apremios judiciales. Lo demás es agravar las cosas.