Los papeles que los Mossos iban a quemar se convierten en un filón para la Justicia

Felip Puig, Artur Mas y Jordi Pujol durante un acto de CDC

El 'procés' nació para tapar la corrupción del 'caso 3%', 

El 26 de octubre, la víspera de que el Parlament proclamara la independencia de Cataluña, agentes del Cuerpo Nacional de Policía interceptaron una furgoneta y dos turismos camuflados con 36 cajas llenas de papeles rotos y mezclados que los Mossos pretendían destruir. La Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional en Barcelona tardó un mes y medio en ordenar y analizar la documentación. El pasado 15 de diciembre remitió a la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela un informe con las principales conclusiones sobre lo examinado. El dossier, de 400 páginas, sobre mas treinta mil folios intervenidos forma parte del sumario por sedición contra Trapero, y una parte, la dedicada al Cesicat, el embrión de servicios de inteligencia de la hipotética república catalana, ha sido enviado al Tribunal Superior de Cataluña.

El material que los Mossos d´Esquadra querían destruir en la incineradora de San Adrián del Besós, en Barcelona, contiene sorprendentes detalles sobre el golpe separatista y las prácticas corruptas de los nacionalistas, así como de la utilización del cuerpo autonómico como una policía política al servicio del independentismo. En casi 400 folios, los agentes de información de la Policía Nacional han logrado recomponer la documentación interceptada a los Mossos d'Esquadra cuando iban camino de incinerarla el pasado octubre, en vísperas de la aplicación del artículo 155. Con mucha paciencia, los especialistas han conseguido rehacer algunos de los documentos que estaban "hechos pedazos".

Según consta en el documento, que no tiene firma, "CDC pretendía ocultar todo el entramado de cobros por comisiones de los denominados caso 3% y caso ITV. Este proceso iniciado por CDC tenía como prioridad tejer alianzas con la patronal Femcat, con destacados miembros de la Judicatura y de la Fiscalía". Apuntaba especial atención a la "Iglesia y a partidos políticos como el PNV".

Entre la documentación figura un plan independentista diseñado en 2011

Uno de los documentos más relevantes que han trasladado a la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela estaba en el vehículo Transit, en la caja número 27. Así, la Brigada Provincial de Información incorpora una "nota informativa", fechada el 12 de octubre de 2012, sobre el "plan independentista de CDC". Apunta el escrito dirigido a la magistrada que se trata "de las gestiones que se vienen practicando sobre las estructuras de cobertura diseñadas y montadas desde hace años por ciertos dirigentes de CDC, así como de Unió, para camuflar el cobro de sobornos y/o comisiones".

Según explica la Policía, en la nota que los Mossos iban a destruir se expone el "inicio de un hipotético plan independentista que nació de una reunión celebrada el 25 de noviembre de 2011, a la que acudieron los máximos dirigentes de la entonces CDC". "Posteriormente se celebró otra reunión -a finales de diciembre del mismo año-", continúa la nota, "a la que acudieron los hijos del ex presidente Jordi Pujol (Jordi, Oriol y Josep)". Del resultado de estos contactos, siempre según consta en el informe de la Policía, fueron informadas "un grupo de personas afines a los círculos empresariales, económicos y de la comunicación". Desde la familia Pujol se asegura que esa reunión no existió. Añaden que no entienden por qué la Policía la incluye en un informe.

Según este diseño, Felip Puig (el que fuera consejero de Interior desde diciembre de 2010 hasta diciembre de 2012) ordenó colocar en una plaza de párking, frente al domicilio particular de la entonces presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, y durante unos meses, "una furgoneta del Grupo Godó con cobertura de asignación municipal".

Recuerda la Policía que, en aquella época, "la seguridad de la dirigente política mencionada la llevaban a cabo cuatro miembros de los Mossos, que tenían instrucción expresa de comunicar cualquier movimiento de Sánchez-Camacho a Puig, incorporando en esa estrategia al propio ministro del Interior [entonces Jorge Fernández] cada vez que se trasladase a Barcelona", añade el texto del informe policial.

La nota que la Policía ha incorporado a la documentación remitida a la Audiencia incluye "una serie de datos bancarios de los Pujol, así como de otras personas involucradas en el denominado caso Palau".

Espiaron al PP para contrarrestar los escándalos de los Pujol y la financiación ilegal

También se detallan otras líneas de investigación "que deberían iniciarse en torno a otros miembros de CDC". Apuntan además los datos aportados por María Victoria Álvarez, ex novia de Jordi Pujol Ferrusola, sobre Andorra: "Compra de varios edificios en Panamá a través de sociedades de Houston y Miami".

En otra "nota informativa" recuperada de la furgoneta de los Mossos, fechada el 1 de julio de 2014, se escribe sobre "el dinero offshore de la familia Pujol". "Son datos aportados por varias entidades bancarias en Andorra sobre dicha familia. En concreto, la BPA [Banca Privada de Andorra] comunica que Marta Ferrusola y tres de sus hijos eran titulares de cuentas bancarias en dicha entidad, con movimientos a Luxemburgo. Los Pujol también habrían trabajado con otros bancos como Andbank, Banca Mora, Banca Dorca, Banca Catalana y Banca Cassany", concluye el informe.

El escrito hace un "detallado estudio de BPA, que pasó a ser controlada por los hermanos Cierco, y de su expansión internacional". Analiza los movimientos de esta entidad bancaria en su afán expansionista hacia España y sus vínculos con Banco Madrid, operaciones en las que, de nuevo, los investigadores implican a los Pujol.

Una de las notas salvadas de la quema ilustra sobre las reuniones en la que arrancó el proceso. Los principales dirigentes de Convergencia se reunieron el 25 noviembre de 2011 para fijar el plan de actuación que debía concluir con la independencia de Cataluña en forma de república.

Allí estaban Jordi Pujol y tres de sus hijos, Jordi, Josep y Oriol, así como el entonces "president" Artur Mas y su consejero de Interior, Felip Puig, entre otros dirigentes. A esa primera cumbre siguió otra a finales de diciembre y de cuyo contenido fueron puesto sobre aviso un grupo de empresarios y periodistas afines, entre ellos, José Antich, en aquel momento director del diario La Vanguardia y en la actualidad de ElNacional.cat.

Seguimientos al ministro de Interior

Otro aspecto destacado es la estrategia "ofensiva-defensiva con la que pretendían disponer de información sensible del PP, para poder negociar con éste en caso de que las cosas se pusieran difíciles". Para ello, según el informe, los estrategas dispusieron de la colaboración de un potente grupo empresarial que "presionó a terceros para que denunciaran sobornos por parte de dirigentes del PP".

Según informa Europa Press, Puig fue nombrado "controlador" de las operaciones, entre las que constaban la estricta vigilancia a cargo de un numeroso grupo de mossos de confianza de Alicia Sánchez Camacho y Jorge Fernández Díaz, la presidenta del PP de Cataluña y el ministro de Interior en aquella epoca. Una furgoneta camuflada estuvo aparcada durante meses frente al domicilio de Sánchez Camacho y sus escoltas, cuatro agentes de los Mossos, estaban obligados a dar cuenta del más nimio de sus movimientos. También siguieron a la expareja de Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez. El propósito, según la documentación policial, era la de obtener "información sensible" del PP para poder negociar con este partido "cuando las cosas se pusieran difíciles".

Según la Policía Nacional, del análisis de estos papeles se infiere que Convergencia quería tapar a toda costa las prácticas de corrupción, el cobro de comisiones y sobornos, trabar alianzas con sectores judiciales y eclesiásticos, chantajear a dirigentes del PP y presionar al Gobierno con información procedente del servicio de espionaje de la policía autonómica. Todo ello en conocimiento de personalidades relevantes del mundo de la empresa y de los medios.

Complican el futuro de Trapero y Sànchez

Imagen de archivo del mayor Josep Luís Trapero, exjefe de los Mossos d'Esquadra.

Estos documentos contenían información altamente comprometedora para el cuerpo policial autonómico y agravan la situación judicial de su anterior jefe, Josep Lluís Trapero, y de los exlíderes de las organizaciones soberanistas ANC y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Los papeles refuerzan los indicios que ya existían de la colaboración de la policía de la Generalitat con el independentismo y sacan a la luz una supuesta trama de espionaje.

Uno de los capítulos del informe se dedica a los altercados del 20 de septiembre, cuando miles de personas, convocadas por ANC y Òmnium, trataron de impedir los registros de la Guardia Civil en la Consejería de Economía en el marco de la Operación Anubis contra los preparativos del referéndum ilegal del 1 de octubre. Los papeles de los Mossos recogen las conversaciones que mantuvieron con los líderes de las entidades soberanistas, a quienes los agentes autonómicos reconocen como los dirigentes de la concentración. Para justificar su inacción, pese a que algunos manifestantes destrozaron seis vehículos del instituto armado, los Mossos presentaban en todo momento la movilización por pacífica.

Sin embargo, los documentos de los Mossos relatan que algunos de sus agentes de paisano fueron atacados con lanzamiento de objetos al ser confundidos con guardias civiles, lo que evidencia que no todo fue pacífico en esa concentración. Los Mossos pidieron a Anna Simó, dirigente de ERC y exsecretaria de la Mesa del Parlament, que mediara para permitir un pasillo para que la Guardia Civil pudiera hacer su trabajo, y esta, según los agentes, les contestó que “estaba claro que la masa no permitiría que nadie saliese del edificio”. Además, Cuixart, Sànchez y Xavier Vidal, también dirigente de la ANC, manifestaron a los agentes de la Generalitat “que en ningún momento iban a pedir a la gente nada que significase facilitar el trabajo a la Guardia Civil”, según los papeles de la incineradora.

La Policía Nacional cita seis documentos de los Mossos que señalan que Sànchez y Cuixart fueron invitados a participar en todas las reuniones que los mandos de los Mossos mantenían con los de la Guardia Civil y les pedían su opinión sobre cuestiones operativas. Estos papeles revelan, además, que Teresa Laplana, intendente de los Mossos en el barrio del Eixample, “les trasladó información sensible” en varias ocasiones ese día a los líderes soberanistas, como la llegada de los detenidos, el fin de los registros, o la salida de la Letrada de Administración de Justicia que dirigía el registro por orden del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona.

El candidato a president de la Generalitat y ex dirigente de ANC, Jordi Sanchez

La desobediencia de los mossos el 1-O

Los Mossos trataron de hacer desaparecer documentación que corrobora su inacción en el referéndum del 1 de octubre y en las jornadas de la campaña para la consulta ilegal. La Policía consiguió salvar 131 impresos que rellenaron en otros tantos colegios de toda Cataluña. La inmensa mayoría revela que ni se impidieron las votaciones, ni se cerró el centro —o se hizo al filo de las ocho de la tarde— ni se pidieron refuerzos a otras unidades para hacerlo. Solo en muy pocos casos, los agentes llegaron a identificar a los miembros de las mesas electorales o de las personas apostadas a la puerta para impedir su actuación.

Durante la campaña del referéndum, también prohibida por los jueces, los Mossos llevaban unas instrucciones para elaborar las actas que se iban a remitir a la fiscalía sobre estos actos públicos. Estas actas señalaban que los agentes acudían a estas movilizaciones con el “objetivo” de “garantizar el normal desarrollo del acto”. Algunos agentes hicieron notar a sus jefes que lo que la fiscalía esperaba de ellos era “precisamente lo contrario”, es decir, que impidieran los actos. De los 31 actos a los que acudieron los Mossos el 18 de septiembre, solo en tres requisaron material.

Entre los papeles salvados del fuego se encuentran al menos cinco comunicaciones de los días 30 de septiembre y 1 de octubre, en los que los responsables de los Mossos reclaman a las patrullas que informe “a través del chat” —vía no reglamentaria— de la presencia y movimientos de policías y guardias civiles. “Parece ser que del barco Piolín están saliendo todas las furgosde CNP y GC”, informaba un tal Xavi Sánchez a sus superiores.

Las actuaciones de los Mossos se enmarcan en “una manifiesta labor de apoyo a la ejecución de la hoja de ruta del secesionismo, controlando para ello a todos aquellos colectivos, personas y sus actividades que se oponían a este”, concluye la Policía.

Miembros de la Policía requisan documentos que iban a quemar los Mossos el pasado 26 de octubre

Desvío del dinero del FLA

Los papeles que quisieron quemar los Mossos incluían un desvío de tres millones para el procés. El juez que investiga los delitos relacionados con el 1-O ha encontrado este movimiento de dinero procedente del FLA.

El juez encargado de investigar los delitos relacionados con el referéndum del pasado 1 de octubre ha encontrado un desvío de tres millones de euros para el proceso separatista. Juan Antonio Ramírez Suñer, del juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, ha hallado este movimiento de dinero procedente del FLA en los papeles que miembros de los Mossos d'Esquadra pretendieron quemar a finales de octubre. El dinero provendría del Fondo de Liquidación Autonómica, un plan de ayuda del Gobierno de España para afrontar deudas e impagos surgidos por la crisis económica.

Asociaciones como Òmnium Cultural habrían recibido este dinero del Govern de Carles Puigdemont a través de subvenciones. La UCO y la Guardia Civil de Cataluña están al cargo de la investigación. La Unidad Central Operativa ha encontrado además presuntos desvíos en subvenciones y pagos en publicidad.

A mediados de septiembre el ministro de Hacienda anunció que el Gobierno central se haría cargo de las cuentas de la Generalitat. Lo presentó entre otros motivos como un seguro de que no se desvían fondos públicos al referéndum independentista. Precisamente este departamento encontró, tras intervenir las cuentas, encontró un desajuste de tres millones de euros que coincide en cifra con e desvío en los documentos ahora investigados. Se trataría, por tanto, de un delito de malversación de caudales públicos.