65 millones camuflados en contratos para financiar el golpe

Josep María Jové, antiguo alto cargo del Departamento de Economía y uno de los ejecutores del 1-O / CG

¿Cuál es el servicio real que prestaron 25 empresas (alguna, de las más importantes del país en el sector de las telecomunicaciones y de la consultoría) al Cesicat, centro de seguridad de la información de Cataluña, y para el CTTI, centro de comunicaciones y tecnologías de la información de la Generalitat?

Esa es la pregunta que se ha planteado el juez de instrucción número 13 de Barcelona a partir de la investigación reservada que, durante más de un año, ha llevado a cabo la Fiscalía de la Audiencia Nacional que, con el concurso de la Guardia Civil, ha analizado uno a uno los centenares de contratos suscritos por las empresas con ambos organismos desde 2012 en adelante. La Generalitat camufló los gastos del 'procés' en contratos con 25 empresas.

La Guardia Civil desgrana uno a uno esos pagos que pueden suponer la prueba definitiva sobre la malversación de caudales públicos

Decenas de millones

Se trata de 65 millones de euros gastados en unos contratos sobre el papel absolutamente correctos y aparentemente transparentes pero que, en opinión de la Guardia Civil, no lo son. 

Los investigadores al frente de la instrucción del llamado caso del 1-O o Caso Anubis han podido acreditar que desde el Gobierno de la Generalitat que presidía Carles Puigdemont se utilizó la fórmula de los llamados “contratos o acuerdos marco” para camuflar, bajo su aparente transparencia, pagos por “otros servicios” que pudieran ofrecer esas empresas al Govern.

La Guardia Civil sospecha que esos “otros servicios” estarían directamente relacionados con la llamada “creación de las estructuras de Estado”, cuyas leyes había declarado ilegales el Tribunal Constitucional.

De nuevo Jové

De hecho, en la controvertida y delatadora agenda de Josep María Jové, antiguo alto cargo del Departamento de Economía y uno de los ejecutores del 1-O, aparece una explícita anotación sobre esos “contratos o acuerdos contractuales marco” como el “mecanismo o herramienta que cabía utilizar” para pagar los servicios de las empresas que trabajaban en la sombra en proyectos vinculados a la independencia.

La Guardia Civil inició la investigación de estas empresas tras la orden del fiscal de la Audiencia Nacional Vicente González Mota, quien enumeró las compañías sospechosas de haber suscrito contratos que, parcialmente, pudieran esconder servicios no especificados y sí vinculados con el proceso independentista. En septiembre de este año, el fiscal remitió todo lo investigado al juez de Barcelona.

Importantes empresas

Entre las decenas de contratos firmados por las 25 empresas referenciadas en el sumario destacaremos, por ejemplo, el suscrito por Incita Security SA con el Cesicat el 20 de diciembre de 2012 por un valor de 1.250.000 euros bajo el concepto: “Provisión de servicios de respuesta a incidentes, análisis de vulnerabilidades en infraestructuras, monitorización y detección de malware”.

Otros contratos bajo la lupa del juez son los suscritos en la sede de Mossos d'Esquadra entre la Generalitat y la empresa Grupo S21 DEC sobre “eventos de seguridad de la información”.

Contratos por auditar

Los contratos entre la empresa Rohde & Schwarz España SA con el CTTI y el Cesicat, así como los de Pricewaterhousecoopers Auditores o Pricewaterhouse Asesores de Negocio SL con el Cesicat forman parte de la prioridad de la investigación judicial. Esta ultima empresa firmó con el Cesicat un contrato administrativo por un importe de 2.655.370 euros en 2014 bajo el epígrafe “Consultaría de seguridad y cumplimiento normativo”. Fuentes de la empresa han explicado a Crónica Global que se trata de un contrato transparente y habitual que satisfizo a ambas partes y que no esconde trabajos no recogidos en el epígrafe.

Otras empresas como Ricoh España SLU y Concatel están también sobre la mesa del juez.

La Guardia Civil ha iniciado el estudio, además, de los contratos entre el CTTI e Indra entre 2012 a 2015, unos acuerdos por valor conjunto de 40 millones. También se investigan contratos de Hewlett Packard, Fujitsu Technology Solutions, Seifor, Deloitte Consultion, T-Systems (para quien la Fiscalía reserva un expediente) y Vass Consultoria.