Un nuevo “Frente Popular” para liquidar a la antigua Convergencia

La cercanía de dos fechas en el calendario catalán, está dando lugar a la constitución de nuevas alianzas en la izquierda política catalana parecidas a un nuevo “frente Popular” dejando al margen a el "Junts pel Si" que fue el motivo con que se llegó al poder en la Generalitat. Serán el 11 la “Diada” y posteriormente el 28 de septiembre, fecha de la moción de confianza de Puigdemont, cuando se va a visualizar este cambio.

El "Onze de Setembre", marcará la fecha del distanciamiento cuando la CUP, ERC y Podemos celebrarán previamente al acto oficial de la Generalitat al que va acudir Artur Mas, un acto conjunto en Sant Boi de Llobregat en recuerdo del cuarenta aniversario de la primera Diada tras el franquismo. Según informaCrónica Global, el 9 de septiembre los más altos dirigentes de las tres formaciones se encontrarán en la citada localidad para rendir culto a Rafael Casanova en la localidad donde realmente falleció en 1743, 29 años después del fin de la Guerra de Sucesión en Barcelona, en contra de todo lo que aseguran los independentistas.

Asistirán el presidente de ERC, Oriol Junqueras, y los dirigentes de la CUP y Podemos, Anna Gabriel y Albano Dante Fachin, respectivamente. En el acto, que ha sido impulsado por las secciones locales de los tres partidos, intervendrá el exdirector de los Mossos d'Esquadra Miquel Sellarés, organizador de aquella multitudinaria manifestación de 1976, y contará con la participación de los representantes sindicales catalanes de UGT, CCOO, COS e Intersindical-CSC. El lema de la concentración será "que la prudencia no nos haga traidores", frase del recientemente fallecido Jordi Carbonell, ponente en aquella celebración de hace 40 años.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, con su ambición en paralelo a su falta de resolución de los problemas municipales, está virando hacia el "soberanismo", como les gusta definir a los partidos separatistas el separatismo también asistirá con el pensamiento ser la candidata por la Generalitat. Sus "comunes" han abierto un debate que se decanta a las claras por una alianza con ERC y la CUP. Los podemitas consideran que el referéndum es innegociable, aunque como apuntaba Xavier Domènech, el portavoz de Colau en el Congreso de los Diputados en la sesión de investidura, preferirían que fuera pactado con el Estado.

Colau trabaja en la ampliación de su partido, "Barcelona, en Comú", en la absorción de todos los podemitas bajo la marca "En Común Podem", que es la que exhibe en el Congreso, para concurrir en las próximas elecciones autonómicas, que si el presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, no salva la cuestión de confianza del 28 de septiembre, se celebrarían a finales de noviembre.

Cada vez hay menos matices entre las formaciones de izquierda catalanas. La versión regional de Podemos pretende dar el salto a la Generalidad y necesita afianzar su perfil independentista, despejar las dudas sobre su "obediencia catalana" y acallar a quienes desde el Partit Demòcrata Català (PDC), que es como se llama ahora Convergencia, les acusan de "españolistas". Si alguna vez tuvieron motivos para ello, cada vez son menos o ninguno.

Pulso entre Puigdemont y Junqueras por la “hacienda catalana”

Asi las cosas, el nuevo tripartito de izquierdas ahora pretende apropiarse del "proceso" y este pulso que la antigua Convergència y ERC mantienen en el Gobierno catalán se ha hecho extensivo a uno de los proyectos más importantes de la hoja de ruta independentista: la hacienda catalana.

Esta “estructura de estado”, pilar fundamental de una hipotética república catalana, se ha convertido en la niña mimada del vicepresidente económico, Oriol Junqueras, que ha decidido quitarse de encima a 300 empleados de empresas liquidadoras gestionadas por los Registradores de la Propiedad; mercantiles y de Bienes Muebles de Cataluña. Para el republicano, mantener un convenio con un colectivo que depende del Ministerio de Justicia –y al que pertenece el presidente en funciones, Mariano Rajoy colisiona con su estética antiespañolista. De ahí que no quiera esperar a octubre de 2017, fecha en la que finaliza el último convenio suscrito con los Registradores, y pretenda rescindirlo antes de que acabe este año. Según Vicepresidencia, la disolución del documento supone un ahorro de 20 millones de euros anuales.

Ante esta situación, representantes de los Registradores pidieron una reunión con el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para exponer su inquietud. El jefe del Ejecutivo autonómico les prometió que encontraría una solución y que la colaboración se mantendría.

En base a ese acuerdo de externalización, las 53 oficinas del cuerpo de registradores repartidas por toda Cataluña gestionan los impuestos de donaciones, de transmisiones patrimoniales y de actos jurídicos documentados que se pagan en la comunidad autónoma. Gracias a esta colaboración, en 2013 se evitó el colapso, dado que la Agencia Tributaria Catalana (ATC) no se veía capacitada para realizar todas las revisiones y comprobaciones de los expedientes presentados en la zona de Barcelona.

Por el contrario, Junqueras se quiere deshacer de estos empleados. Una de las soluciones sería su incorporación a la ATC mediante la convocatoria de un concurso, pero según este colectivo teme perder los derechos adquiridos y su antigüedad. Además, la Dirección General de Función Pública, que depende de la Consejería de Gobernación (CDC) no encuentra la fórmula de incorporar a esta “avalancha” de trabajadores. Curiosamente, la titular de éste área es Susanna Bouis, exdelegada del Gobierno de José María Aznar en Cataluña.

No será fácil sustituir a estos empleados, con larga experiencia en labores de ejecución y revisión de expedientes. Lo demuestra el hecho de que las últimas convocatorias de oposiciones y concursos para cubrir plazas en la ATC no hayan sido cubiertas. 

El conflicto generado fue debatido en el Parlamento catalán, donde la diputada del PSC Alicia Romero, tras una interpelación al Ejecutivo catalán, presentó una moción al respecto. La socialista tuvo que vencer la resistencia de Junts pel Sí y sus discrepancias internas entre ERC y CDC, pero finalmente fue aprobada la iniciativa, en la que la Cámara autonómica insta al Govern a no resolver los convenios suscritos con los Registradores de la Propiedad hasta que no haya finalizado la preparación del plan de despliegue del nuevo modelo territorial de la ATC. Ahora hace falta que la Generalitat acate esa mandato parlamentario.