Mas sobre la “Reforma” de las Administraciones Públicas

La vicepresidenta Saez de Santamaría en su exposición de las recomendaciones para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) incluye la famosas 217 medidas, con la supresión de entes, observatorios o empresas públicas y 120 de ellas relativas a duplicidades entre administraciones. Aquí hasta el momento nadie ha considerado la necesidad de la eliminación radical de varios de los peldaños administrativos o instituciones que seguirán solapándose unos a otros llámense, Tribunal Constitucional, CGPJ, Senado, Comunidades Autónomas, Diputaciones, Cabildos Insulares, Consejos comarcales o Areas Metropolitanas, que de momento sirven de refugio a millares de ex políticos, familiares y militantes en la reserva de los distintos partidos políticos. Los políticos con esta cuestión seguirán haciéndose los distraídos e intentarán aguantar hasta el el final cuando las arcas estén totalmente esquilmadas.    

Voy a comentar algunas de aquellas instituciones que el Gobierno al parecer si tiene intención de suprimir o bien “recomendar” su desaparición con algunos datos que hasta ahora me han llamado más la atención,

Los Defensores del Pueblo autonómicos

Hasta diez comunidades autónomas cuentan con la figura del defensor del pueblo autonómico, dos de las instituciones que el Gobierno recomienda suprimir en su informe sobre la reforma de las administraciones públicas como media de ahorro, teniendo en cuenta que ya existen estos organismos a nivel nacional.

y hasta diez cuentan con la figura del defensor del pueblo autonómico, dos de las instituciones que el Gobierno recomienda suprimir en su informe sobre la reforma de las administraciones públicas como media de ahorro, teniendo en cuenta que ya existen estos organismos a nivel nacional.

El viernes 21 junio 2013, coincidiendo con la aprobación del informe en el Consejo de Ministros, el Pleno de la Junta General del Principado de Asturias acordó suprimir su defensor del pueblo, conocido allí como Procuradoría, lo que supondrá, según el PP, un ahorro de 2,5 millones de euros.

Sus funciones serán asumidas por la Comisión de Peticiones del Parlamento regional. La conveniencia de eliminar este tipo de organismos para ahorrar, evitar duplicidades y "ganar en eficiencia" ya fue planteada por el Ejecutivo el pasado año cuando las comunidades autónomas fueron llamadas a llevar a cabo sus planes de ajuste para cumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

A raíz del aviso del Gobierno, algunas regiones ya optaron entonces por acogerse a la recomendación. Fue el caso de Castilla-La Mancha y Murcia, las cuales decidieron prescindir de sus respectivos defensores del pueblo el pasado año junto a otras instituciones autonómicas y ahorrar así en sus presupuestos casi cuatro millones de euros anuales.

Además de Asturias y de estas dos regiones, Cantabria, Baleares, la Comunidad de Madrid y Extremadura tampoco cuentan con esta institución. Por su parte, la oficina del defensor del pueblo de La Rioja se encuentra ahora mismo vacante después de la dimisión de su última titular y hay un debate en la región sobre la continuidad o no del órgano.

Ahora, los partidos están negociando alguna fórmula que permita a la institución seguir trabajando, pero con un presupuesto mucho menor y la posibilidad de que su titular compatibilice el cargo con otro puesto o lo ocupe alguna personalidad relevante de la comunidad.

En total, las comunidades que sí cuentan con sus propios defensores de los ciudadanos ante las instituciones gastan en ellos más de 25 millones de euros anuales. En concreto, el que está dotado con un mayor presupuesto es el Síndic de Greuges catalán, que asciende a casi siete millones de euros.

Por detrás se sitúan el defensor del pueblo andaluz, con algo más de cinco millones en 2013; el Ararteko vasco, con 4,7 millones de euros (cifra del presupuesto del 2012); el Síndic valenciano, con una dotación de 3,3 millones; o el Justicia de Aragón, con 2 millones de euros.

Todas las comunidades han rebajado la partida destinada a este fin en los presupuestos de los últimos años. Es el caso por ejemplo de Galicia, donde el proyecto de la Xunta para 2013 contempla un descenso del 11,70 por ciento, o el de Navarra, que ha cuantificado la rebaja en el 5 por ciento.

Sin embargo, el descenso más llamativo en esta partida es el que contemplan los presupuestos de Canarias para este ejercicio, en los que la dotación para su defensor del pueblo --conocido como Diputado del Común-- es un 81,74 por ciento inferior a la del pasado año y se queda en 535.038 euros.

Los Consejos consultivos

Todas las comunidades autónomas menos Cantabria mantienen en la actualidad consejos consultivos propios. Normalmente, sus consejeros se reparten entre nombrados por el presidente autonómico, por el Gobierno regional o por el Parlamento. Además, en algunos casos forman parte de ellos los expresidentes de la comunidad. Por ejemplo, este es el caso del Consello Consultivo de Galicia, del que forma parte como conselleiro nato Emilio Pérez Touriño, Xerardo Fernández Albor y Fernando González Laxe.

Algunos de los consejos consultivos autonómicos tienen sus sedes en edificios históricos localizados en la comunidad. Es el caso del de Castilla y León, ubicado en un edificio emblemático situado a escasos metros de la Catedral de Zamora o el de Asturias, situado en la denominada Casa Nava, un edificio levantado durante el último tercio del siglo XVII en el barrio histórico gijonés de Cimadevilla.

El debate sobre la continuidad de este tipo de organismos autonómicos, abierto desde hace meses, ha vuelto a cobrar relevancia en el seno de las comunidades autónomas a raíz de la presentación por parte del Gobierno del informe elaborado por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), que incluye 217 medidas, 120 de ellas relativas a duplicidades entre administraciones.

No obstante, son muchas las voces --procedentes de todas las formaciones políticas-- que defienden su necesidad para garantizar la limpieza de las actuaciones de las administraciones y la protección de los ciudadanos frente a las decisiones de las instituciones, o por su tradición histórica, como el Justicia de Aragón.

También Canarias ha rebajado más de un 80 por ciento la partida destinada al consejo consultivo autonómico, un órgano que poseen todas las comunidades autónomas menos Cantabria y que reproduce en las regiones las funciones del Consejo de Estado de control de la constitucionalidad y adecuación a la legislación vigente de las nuevas leyes.

Sumadas las partidas que incluyen los presupuestos, las comunidades destinan más de 26 millones de euros anuales a sus consejos consultivos autonómicos. El de la Comunidad de Madrid recibe en los presupuestos de este año 4,3 millones de euros; 3,3 el de Andalucía; o algo más de tres millones el catalán.

Mientras, los de otras regiones funcionan con una dotación mucho menor, como es el caso de los consejos de Aragón (300.000 euros), La Rioja (359.000) o Navarra (470.000). Estos consejos consultivos están al servicio de las administraciones públicas de la comunidad autónoma y tienen como fin último velar por la legalidad de los actos y disposiciones administraciones, para lo que actuarán a instancia de las autoridades autonómicas o de las entidades locales. Todos ellos gozan de independencia en el ejercicio de su función y plena independencia respecto a cualquier otro órgano de la administración.

El propio Gobierno es consciente de que para algunas CC.AA., instituciones como el defensor del pueblo tienen un "valor político mayor", como es el caso de Cataluña, según fuentes del Ejecutivo.

Por ello, subrayan que serán las comunidades las que deberán decidir si quieren aplicar o no las sugerencias y recomendaciones que recoge el informe. Lo que sí han hecho todas las autonomías es rebajarles la dotación que reciben a través de sus presupuestos autonómicos.

España mantiene a más de 400.000 empleados públicos 'fantasma'

La mayoría trabaja en entes públicos, donde existen 400.000 empleados públicos “fantasma y donde sólo el 1,5% es personal funcionario. El Ministerio de Hacienda tiene un Boletín Estadístico Oficial que recoge el personal al servicio de las Administraciones. Dicho informe cuenta 2,63 millones de asalariados. Sin embargo, si nos fijamos en la Encuesta de Población Activa, el número sube hasta los 3,04 millones. ¿Qué hacen esas 400.000 personas? La mayoría trabaja entes públicos, donde la contratación es enormemente discrecional. De hecho, apenas el 1,5% de la plantilla de estos organismos es funcionario.

Los datos del INE también ayudan a aproximarnos al fenómeno de los empleados públicos fantasma. Así, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística para 2013, se puede hablar de un mínimo de 160.000 personas dedicadas a esta cuestión, un número superior a las 142.000 de 2012.

Volviendo a la Encuesta de Población Activa, también comprobamos que los datos de Hacienda subestiman el alcance de la plantilla de empleados públicos. Más concretamente, los 1,33 millones detectados por el Ministerio contrastan con los 1,72 millones que figuran en los datos de la EPA. A nivel municipal, los datos también encuentran 30.000 empleados "fantasma".

Buceando en dicha encuesta oficial, encontramos incluso el caso de las 1.300 personas que declaran a la EPA que trabajan para una Administración Pública… pero no saben identificar con exactitud qué organismo paga su sueldo.

El despilfarro continúa

Pero el caso de los empleados públicos "fantasma" es solamente una muestra más de que el despilfarro, la opacidad y el descontrol siguen a la orden del día en España. Lo vemos en noticias como las que siguen:

- RTVE destina el 41% de su presupuesto a pagar sueldos. La radiotelevisión estatal tiene una plantilla tres veces más cara que la de los grupos Mediaset y Atresmedia, donde los sueldos de personal son el 12% y el 17% del presupuesto. También es importante señalar que RTVE tiene dos veces más empleados que ambos grupos juntos (6.400 frente a los 1.360 empleados de Mediaset y los 1.700 trabajadores de Atresmedia).

- El ICO negoció un préstamo de 20.000 millones con el Banco Central Europeo para luego dedicar buena parte del mismo a financiar a las Administraciones Públicas. Según las cuentas anuales, la cartera de inversión a vencimiento en títulos de otras instituciones pasó de 3.563 a 17.730 millones en el año 2012.

- Las Comunidades Autónomas siguen gastando mas de 1000 millones de euros al año en sus televisiones públicas. Esta cifra no incluye las deudas multimillonarias de la catalana TV3 (1.046 millones) o la valenciana Canal 9 (1.200 millones).

- El Congreso abona cada mes al Gobierno una indemnización de hasta 1.800 euros en concepto de "gastos originados por la actividad de la Cámara". La dieta en cuestión está exenta de tributación. Por otra parte, el Congreso también destina millones de euros a financiar el aparcamiento en aeropuertos, los viajes en tren o coche, etc.

- El PP gastó 70.000 euros en jamones mientras anunció los recortes de diciembre de 2012. El partido de gobierno, que debe el 90% de su financiación a las subvenciones oficiales, gastó en 2011 más de 1,6 millones en "comidas de trabajo", así como 2,2 millones en "regalos y atenciones sociales", 2,1 millones en “facturas de teléfono”, 4,2 millones en “viajes” y 152.000 euros en “aviones privados”.

- La deuda de las CCAAs se multiplica por tres durante la crisis. En términos relativos, la región más endeudada sigue siendo la Comunidad Valenciana, con el 29,1% del PIB de la región, seguida de Castilla-La Mancha (28,1%) y Cataluña (25,7%).

- La deuda pública carga una factura extra de mas de 53.000 euros a cada familia. Desde el comienzo de la crisis, ha pasado de menos del 40% del PIB a una ratio cercana al 90%. Ignorando las normas de contabilidad de Bruselas e incluyendo todas las obligaciones, la deuda pública ya rebasa el 100% del PIB.

- El Gobierno anuncia un "Plan de Empleo para Jóvenes" que supondrá un gasto de 3.500 millones de euros en esta legislatura. Como muestra de la efectividad de este tipo de medidas, conviene recordar que solamente entre 2008 y 2011, el gobierno español aprobó 32 planes contra la crisis sin éxito alguno.

- Desde que comenzó la crisis, España ha gastado mas de 63.000 millones en "políticas activas de empleo". A la vista está que estas medidas no han evitado que el paro siga creciendo de forma galopante. El monto comprometido para esta partida de gasto triplica la recaudación anual del Impuesto de Sociedades, pero por lo visto no solamente nadie plantea eliminar esta partida de gasto, sino que está previsto ampliarla con un "plan de empleo para jóvenes" financiado por la Comisión Europea y valorado en mas de 6.000 millones.

- Desde el año 2000, el sector público español ha crecido un 45% frente al aumento medio del 20% registrado en la Unión Europea. Los países donde menor ha sido el aumento son la República Checa, Letonia, Croacia, Finlandia y Rumanía. Este aumento descontrolado del sector público va de la mano con el hecho de que España es el país de la OCDE que ma ha aumentado la presión fiscal desde 1965.

- La especulación urbanística de Chacón, Corredor, y Zapatero dejó en la ruina la Entidad Pública Empresarial del Suelo. En 2009, esta empresa dependiente del Gobierno invirtió 300 millones en grandes urbanizaciones. El coste del proyecto multiplicaba por diez los ingresos de la entidad. Por otro lado, conviene recordar la Operación Campamento, otro ejemplo de especulación urbanística desarrollado por el gobierno Zapatero con pésimos resultados económicos.

- El 23% de los pensionistas tiene unos ingresos superiores al tramo salarial medio de los trabajadores en activo. Esto significa que cerca de dos millones de pensionistas ganan más de 16.800 euros al año, superando así el sueldo más frecuente en España, según el INE.

- Solamente en facturas sin pagar por la compra de fármacos y equipos médicos, las Administraciones Públicas suman impagos de 7.5000 millones de euros.

- Margallo mantiene la "Casa Mediterráneo", un proyecto relacionado con la Alianza de Civilizaciones que cuesta cada año 700,000 euros a los contribuyentes.

Eso sí: el despilfarro no solamente se queda en España, sino que también se exporta cuando nuestros políticos se "colocan" fuera. Pensemos, por ejemplo, en la Organización Panamericana de Salud, un ente internacional que mantiene en nómina a Leire Pajín con un sueldo de 137.326 euros. Este salario, al igual que ocurre en todos los organismos vinculados a la ONU, va libre de impuestos. Cabe recordar, por otra parte, que el gobierno socialista en el que Pajín fue ministra entregó subsidios a esta organización por valor de 60 millones de euros.

Austeridad en Castilla-La Mancha

Aunque el primer año de gobierno de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha estuvo caracterizado por recortes de gasto relativamente tibios, el año 2012 marcó un interesante cambio de actitud en el Ejecutivo regional. Así, el déficit bajó del 7,7% al 1,48% en apenas un año. Esto equivale a ahorrar 10 millones de euros al día para cumplir con el objetivo fijado por Hacienda.

Como explico en su día Libre Mercado, el objetivo del Plan Cospedal era recortar un 20% el gasto público corriente del Ejecutivo manchego. Las medidas contempladas incluyen la eliminación de subvenciones, la reducción de liberados sindicales, la supresión de entes y empresas autonómicas, etc. De los 1.800 millones que planteaba el ajuste, 1.718 venían de menos gasto y 97 de más ingresos.

Aplicar el Plan Cospedal en toda España serviría para reducir el déficit prácticamente a cero, ya que ajustando el gasto público en un 20% el ahorro sería de alrededor de 100.000 millones de euros. En cualquier caso, la mejor forma de cuadrar las cuentas con verdadera austeridad sigue siendo aprobar un presupuesto base cero y así asegurar el equilibrio fiscal sin más retrasos.

Más impuestos

Por su parte, la Generalidad catalana aprobó el pasado martes un anteproyecto de ley por el que se aumentará del 8 al 10% el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas de Bienes Inmuebles, el principal impuesto que grava la compra de una vivienda de segunda mano. El impacto recaudatorio de esta medida ha sido cifrado por el gobierno de Artur Mas por encima de los 150 millones de euros al año.

Continuará...