El momento procesal
Los analistas persisten en excusar la pasividad del Gobierno ante la situación política y financiera de Cataluña con la bobada de que todavía "no es el momento procesal" verán que tampoco lo será una vez que el presidente catalán haya convocado y hasta celebrado la ilegal consulta de marras.
Ahora la Abogacía del Estado trabaja sobre la resolución
soberanista del Parlamento catalán mientras los legos en la materia disponemos
de un tiempo extra para el asombro. Esta perplejidad viene provocada por la
extendida opinión de que esa resolución no la puede impugnar el Gobierno por
carecer de efectos jurídicos y prácticos. De ser cierto y fetén tal postulado,
los Parlamentos autonómicos pueden aprobar cualquier disparate siempre que
permanezca en el limbo de la mera retórica, el brindis al sol y el papel
mojado: nadie podrá rechistarles.
Supongo que la excusa del PP pasará a ser la de un incumplimiento
generalizado por parte de las autonomías, al que bien se podría sumar el de la
propia Administración Central. A la espera de confirmarse la excusa oficial
para no hacer cumplir la ley tampoco en este asunto, ya podemos analizar, sin
embargo, las razones que ha dado el Gobierno del PP para seguir justificando su
persistente pasividad ante el aún más grave desafío secesionista.
La excusa no es otra que el hecho de que la declaración
aprobada en el Parlamento autonómico, que proclama al pueblo catalán
"sujeto político y jurídico" y que reitera la determinación de
convocar una consulta soberanista, carece de efectos jurídicos, por lo que no
sería necesario recurrirla ante los tribunales ni proceder contra un ilícito
que todavía no se ha producido, como es la convocatoria firme o celebración de
esa ilegal consulta secesionista.
Yo tengo poca imaginación, pero a cualquiera se le ocurren
media docena de burradas y otras tantas extravagancias. Pongamos que una Cámara
autonómica aprueba una resolución declarando que, en un futuro, no descarta
expulsar de su territorio a todas las personas que usan gafas; o que se
interesará, más adelante, por facilitar los negocios a las mafias; o que, bien
mirada, la esclavitud no estaba tan mal y quizá conviniera estudiar su
implantación. Según la doctrina antedicha, al Gobierno no le quedaría otra que
inhibirse en tanto esos dislates carezcan de consecuencias jurídicas.
La Constitución ofrece distintas vías para frenar tales desvaríos
declarativos, que en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional se traduce de
esta guisa: Dentro de los dos meses siguientes a la fecha de su publicación
(...) el Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las
disposiciones normativas sin fuerza de ley y resoluciones emanadas de cualquier
órgano de las Comunidades Autónomas. Mientras todo el mundo está esperando la respuesta
a tamaño desafío. Sencillamente, desde el gobierno quieren creer que el
problema es sólo catalán. Pero el problema está esencialmente en Madrid.
Javf González
ResponderEliminarCualquier anuncio de acción gubernamental decente, anunciada por este naftalino, corullífero y prisaico Gallardón, para disfrute y entretenimiento de derechorros incautos, que aún los hay..., es MENTIRA.
Marc Guillot Puig
ResponderEliminarLo que parece ser que olvidan en Costa Rica es que cuando ellos se independizaron de España también era ilegal e inconstitucional, pero lo hicieron igualmente. Lo mismo haremos los catalanes.
Todos esos analistas no tienen ni idea, la auténtica verdad es que se podría perfectamente y hay razones para ello, proceder a la suspensión del Estatuto de Autonomia y la implantación del Estado de Excepción, con todas sus consecuencias, en Cataluña.
ResponderEliminarLo que pasa es que no quieren, son una panda de caguetas.
Javf González
ResponderEliminarCualquier anuncio de acción gubernamental decente, anunciada por este naftalino, corullífero y prisaico Gallardón, para disfrute y entretenimiento de derechorros incautos, que aún los hay..., es MENTIRA.