domingo, 24 de septiembre de 2017

Monica Terribas, la disidente delatora

Catalunya Radio delata los movimientos de Policía y Guardia Civil en Cataluña

Mònica Terribas, periodista de Catalunya Ràdio / CG

El pasado jueves Catalunya Radio, la emisora pública catalana, dependiente de la Generalidad, ha estado delatando durante buena parte de la mañana de este viernes los movimientos que efectuaban los vehículos patrulla de la Guardia Civil y la Policía Nacional, después de pedir a sus oyentes, incidiendo principalmente en taxistas y transportistas, que suelen moverse constantemente por la carreteras, que les fueran facilitando los datos.

La delación ha tenido lugar en El matí de Catalunya Ràdio, programa dirigido y presentado por Mònica Terribas, quien fuera directora de los siete canales de televisión públicos regionales entre 2008 y 2012 por 150.000 euros al año. "Esta mañana no sabemos si podremos seguir la escaleta del programa o no. Si los taxistas que nos están escuchando o los transportistas que salen del puerto ven movimiento de coches de la Policía o la Guardia Civil, pedimos que nos avisen", decía en el programa.

Apenas veinte minutos después de su llamamiento, la periodista comenzaba a hacer públicos en antena los primeros datos que le facilitaban los oyentes del programa: "¡Atención! Y gracias a nuestros oyentes. Ahora sabemos que, por ejemplo, en la A2, en Tárrega (Lleida) dirección a Barcelona, circulan 4 todosterrenos y una furgoneta de la Guardia Civil. En la autopista del Maresme, en Arenys de Mar, 50 furgonetas de la Policía Nacional en movimiento".

"Desde el Puerto de Barcelona a la Ronda Litoral nos dicen los transportistas ‘aquí está todo tranquilo’. En la A2, en San Vicente dels Horts, dirección Barcelona, 5 todoterrenos y dos furgonetas en movimiento. En la Autopista del Maresme en dirección Barcelona, furgonetas. En la Gran Vía, seis furgonetas… Gracias a los oyentes que nos están avisando porque este es el termómetro del movimiento de la Policía y la Guardia Civil en esta mañana", dice la periodista.

Durante al menos una hora y media más de programa, Mònica Terribas estuvo haciendo públicos en antena los movimientos de los diferentes convoyes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado intercalados con las diferentes noticias y comentarios de actualidad.

Monica Terribas directora de El Matí de Catalunya Ràdio, y ex Directora de TV3 no es una becaria de periodismo que quiere hacer méritos ante sus jefes Ella es "la voz de régimen separatista".la comisaría periodística suprema de Catalunya Ràdio, Al parecer, el jefe de Informativos de la radio pública catalana, Francesc Cano, propuesto por PDeCAT, habría dado instrucciones de que no se hagan entrevistas ni debates sobre el referéndum. Ni tampoco programas especiales. "Que no parezca una campaña electoral ni nada similar", fue la consigna. La única que no ha querido acatar estas instrucciones es Terribas, que goza de un margen de maniobra amplio para su programa matinal al margen de la jefatura de informativos.

La Unión de Oficiales (UO) de la Guardia Civil ya ha denunciado la delación de los movimientos de los agentes y ha asegurado, que se "esta poniendo en riesgo a muchos operativos que pueden tener relación con operaciones de todo tipo, no solo en relación calidad referéndum y aseguran que actuaciones de este tipo, bajo el paraguas de la supuesta calidad democrática, son muy contraproducentes y ponen en riesgo la seguridad de todos los ciudadanos catalanes".

Monica Terribas durante seis años ha sido la comisaria política de TV3 por 150.000 al año, gracias a que Artur Mas quería tener controlada la emisora pública, ahora relegada a la radio publica por el mismo importe. Si tienen ocasión de verla en la televisión de los separatistas, reparen en su mirada gélida, de fanática iluminada, de loca por la causa, de ida. He ahí el rostro genuino de la revolución de las sonrisas.

sábado, 23 de septiembre de 2017

El conseller de Interior no acata las órdenes judiciales ante el 1-O


Imagen del pasado jueves. Mossos escoltan a los vehículos de la Guardia Civil que participaban en el registro de la consejería de Exteriores. | EFE

El fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, ha comunicado esta mañana a los máximos responsables de la Guardia Civil, la Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra que pasarán a estar coordinados bajo un mando único. El jefe del Gabinete de Coordinación y Estudios de la secretaría de Estado del Ministerio de Interior, el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos asumirá las tareas de mando de todos los cuerpos.

 coronel de la Guardia Civil ha sido nombrado por la Fiscalía como "director técnico" para coordinar a los Mossos d'Esquadra, Policía Nacional y Guardia Civil en los operativos para evitar el referéndum del 1 de octubre.

La nueva instrucción fiscal se ampara en el artículo 46 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que reza en su punto segundo: "Cuando en la prestación de un determinado servicio o en la realización de una actuación concreta concurran, simultáneamente, miembros o Unidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Policía de la Comunidad Autónoma, serán los Mandos de los primeros los que asuman la dirección de la operación".

La notificación se produce después de una tensa reunión policial el pasado jueves en la Fiscalía Superior. En esa cumbre estuvo presente Diego Pérez de los Cobos ante la sorpresa del major de los Mossos, Josep Lluís Trapero, quien negó que la policía autonómica hubiera hecho dejación de funciones durante el asedio a los agentes de la Guardia Civil en la consejería de Economía.

La consejería de Interior ha insistido en los últimos días en el carácter de "policía integral" de Cataluña y en su capacidad para mantener el orden público. Los portavoces nacionalistas ignoran deliberadamente los graves incidentes en la consejería de Economía y la actitud contemplativa de los Mossos

Su superior, Trapero, cursó esta semana una orden para que los agentes se mostraran "proporcionados". A pesar de haber difundido la instrucción de fiscalía para detener la organización del referéndum, los mandos de los Mossos no han mostrado ningún celo en darle cumplimiento. De ahí que altos mandos de la Guardia Civil y la Policía Nacional hubieran insistido en los últimos días en la necesidad de asumir el control del cuerpo autonómico.

Forn dice que los Mossos no acatarán órdenes

Joaquim Forn, 'conseller' de Interior / ACN

La Generalidad persiste en la sublevación. Se niega a que el ministerio del Interior asuma la coordinación de las tareas policiales para impedir el referéndum. Los Mossos no aceptan más órdenes que las de la administración autonómica.


Joaquim Forn, el consejero de Interior de la Generalidad, se niega a someterse a la coordinación policial bajo mando del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, jefe del Gabinete de Coordinación y Estudios de la secretaría de Estado del Ministerio de Interior. "Los Mossos no acatarán órdenes de ningún otro cuerpo policial", ha afirmado en una comparecencia junto al director general del departamento, Pere Soler, pero en la que no estaba el "major" Josep Lluís Trapero.

Forn anunció que "los servicios jurídicos de la consejería están estudiando esta instrucción para dar una respuesta jurídica", pero que en cualquier caso "no aceptamos esta injerencia del Estado porque se salta todos los órganos policiales de coordinación previstos en el ordenamiento jurídico de Cataluña".

Además el consejero Forn ha emitido en Twiter este mensaje en clara actitud de desobediencia. 





Des del @govern, no acceptem aquesta ingerència de l'Estat, saltant-se tots els mecanismes de coordinació ja existents amb l'Estat.

El Gobierno se prepara para tomar el mando de los Mossos

Enric Millo, el delegado gubernamental en Cataluña, se ha reunido con los mandos del ministerio que ultiman el control de la policía autonómica por parte de la Guardia Civil y Policía Nacional


Una formación de Mossos d'Esquadra con el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, al fondo 

El Gobierno español ha activado los preparativos para tomar el mando de los Mossos d’Esquadra. Así lo han confirmado a Crónica Global fuentes del Ejecutivo, que aseguran que el control de las policías autonómicas por parte del Ministerio del Interior es una posibilidad contemplada en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

La medida ha sido analizada en una reunión al más alto nivel mantenida en Madrid por los máximos responsables de seguridad, a la que ha asistido el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo. Durante ese encuentro se analizó la pasividad con la que, a juicio de estos altos cargos del ministerio, actuaron los agentes de la policía autonómica durante el acoso de centenares de manifestantes a la Guardia Civil y a la comitiva judicial que el miércoles registró la sede de la Consejería de Economía en Rambla de Catalunya. “Los Mossos ya están haciendo dejación de funciones, pues no protegieron la salida de los guardias civiles. Y eso ha provocado un fuerte malestar”, explican estas fuentes.


EL EJEMPLO DEL PAÍS VASCO


En previsión de que de aquí al 1 de octubre la policía autonómica incumpla las instrucciones de la Fiscalía y de los jueces que investigan la organización del 1-O, el Gobierno ha activado los preparativos para que los Mossos actúen bajo las directrices de la Guardia Civil y la Policía Nacional si fuera preciso. Así se hizo en el País Vasco en las operaciones contra la banda terrorista​ ETA, donde la Ertzaintza se puso a disposición de las policías de la Administración central.

Así, el artículo 46 de la citada ley establece que "cuando en la prestación de un determinado servicio o en la realización de una actuación concreta concurran, simultáneamente, miembros o Unidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Policía de la Comunidad Autónoma, serán los Mandos de los primeros los que asuman la dirección de la operación".

La carta enviada ayer por el ministerio al consejero de Interior, Joaquim Forn, en la que oficializa el envío de efectivos de las fuerzas de seguridad del Estado a Cataluña para “reforzar” a los Mossos, es, según estas fuentes, un primer aviso. La posibilidad de que, en los próximos días, se repitan y se recrudezcan las manifestaciones independentistas en las calles --el cerco al Palacio de Justicia ha alarmado a los mandos de Interior-- ha acelerado ese despliegue.



LAS MIRADAS, PUESTAS EN EL 1-O

No obstante, todas las miradas están puestas en el mismo 1-O, pues según Moncloa, y tal como publicó este diario, el presidente Mariano Rajoy está dispuesto a poner un Guardia Civil en cada local de votación si, finalmente, el Govern sigue adelante con la logística del referéndum, desarticulada de facto después de las incautaciones de papeletas, tarjetas censales y bloqueo de las webs oficiales, así como la ausencia de un censo y la disolución de la Sindicatura Electoral de Cataluña.

La preparación del referéndum ilegalizado y los planes de "contingencia" a los que se ha referido el presidente de la Generalitat provocan que la respuesta del Gobierno esté igualmente abierta a los acontecimientos que se puedan producir.

Cronica Global

viernes, 22 de septiembre de 2017

Se acabó la fiesta - A partir de ahora será sedición

La Fiscalía presenta una denuncia por sedición por las concentraciones de Barcelona y apunta a ANC y Òmnium

Hoy como el 6 de octubre de 1934, ahora hace 80 años,cuando el General Batet abortó varias salvas de cañón la declaración de independencia de Lluis Companys contra la República, con la huida hacia Francia de todos los sediciosos, ahora podría ser la Guardia Civil la que está provocando la estampida. Los cabecillas de la sedición una vez han montado con miles de estudiantes manifestándose ante las instituciones, empiezan a abandonar el barco y emprenden la huida descaradamente, vaciando sus sedes de documentación y maniobrando para obstaculizar las sentencias y multas del Tribunal Constitucional.

Ha sido a raiz de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado a primera hora de la tarde de este viernes una denuncia por delitos de sedición por las manifestaciones realizadas en Catalunya entre el 20 y 21 de septiembre durante la operación policial contra el referéndum del 1-O, en la que menciona expresamente a los presidentes de ANC y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. La denuncia considera que en las calles de Barcelona se han producido hechos constitutivos del delito de sedición y que se debe actuar contra quienes resulten culpables de los mismos.



La iniciativa permite que la Audiencia investigue todos los hechos relativos a las concentraciones y manifestaciones que se han producido tras el inicio de la operación Anubis, que llevó a la detención de 14 cargos de la Generalitat, entre ellos Josep Maria Jové, hasta hoy número dos del vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras.

La ANC desconvoca las protestas frente al TSJ 

El presidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, ha anunciado este viernes la desconvocatoria de la movilización permanente delante del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que comenzó un día después de la detención, el pasado miércoles, de 14 altos cargos de la Generalitat encargados de la organización del referéndum ilegal del 1-O, y del resto de las movilizaciones en la calle.

En declaraciones en la puerta de su sede, Sànchez ha pedido a los independentistas concentrados frente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en Barcelona, y a la Ciudad de la Justicia, en L'Hospitalet, que abandonen las protestas callejeras y concentren ahora sus esfuerzos en la campaña por la consulta suspendida por el Tribunal Constitucional.

Así, la intención de Sànchez es que no haya nuevas movilizaciones "a no ser que haya que dar alguna respuesta" como ha ocurrido en los últimos días. "Nuestras energías están orientadas al 1 de octubre a hacer que la mayoría de la población vaya a votar", ha dicho, pidiendo el fin de las protestas.

El responsable de la entidad soberanista ha anunciado que la manifestación permanente frente al Alto Tribunal catalán acabará este viernes por la tarde con una concentración que celebre la puesta en libertad de los detenidos. Esta protesta final comenzará a las 18.00 horas y tendrá su "fin de fiesta" a las 20.00 horas. La idea, ha resaltado Sànchez, es que después puedan desarrollarse con normalidad las fiestas de la Mercè en esa parte de Barcelona.


presidente de la ANC, Jordi Sànchez, ayudando en el vaciado de su sede en Barcelona. ÁLVARO CARVAJAL33

La ANC vacía su sede para eludir a la Guardia Civil

Por otra parte, responsables y miembros de la ANC, con su presidente, Jordi Sànchez, al frente, han trasladado esta mañana todo el material de propaganda del referéndum ilegal del 1-O de que disponían en su sede central en Barcelona para "protegerlo" de la Guardia Civil, que no ha aparecido por el local.

No obstante, ante el "rumor del inminente" de registro de la sede por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado, la entidad soberanista ha decidido "poner a salvo" el material de trabajo y la documentación que disponían en sus instalaciones. Todo ha sido empaquetado rápidamente en numerosas cajas.

Miembros de la ANC y voluntarios han trasladado esas cajas llenando una quincena de vehículos entre particulares y taxis, después de pedir colaboración en las redes sociales y sus canales de mensajería. Algunos de los vehículos ha salido cargados con cajas en el maletero, los asientos traseros y el del copiloto. La ANC ha ocultado cuál es el destino de ese material pero, probablemente, esté ahora en algunos domicilios particulares.

En una de las cajas abiertas se podía ver propaganda a favor del referéndum y de la independencia. Además, también se ha podido ver cómo se llevaban varios megáfonos.

Sànchez ha denunciado que en los últimos días las fuerzas de seguridad ya habían interceptado vehículos que salían de su sede con propaganda y que habían intervenido teléfonos móviles.
La Sindicatura Electoral se disuelve para evitar pagar las multas


El Govern disuelve la Sindicatura Electoral del 1-O

El Govern ha pedido a los integrantes de la Sindicatura Electoral de Catalunya que den el relevo de la labor que han realizado en la organización del referéndum del 1-O a entes públicos, académicos e internacionales para que siguan observando el desarrollo efectivo de la convocatoria, informa ACN.

El Ejecutivo catalán da así por acabado el trabajo de la sindicatura, tras agradecer la labor de los integrantes de las cinco sindicaturas de demarcación. Fuentes de la Sindicatura se felicitan de haber podido trabajar hasta hoy, dada la ofensiva del Estado, y subrayan que quien decidirá ahora los posibles recursos de los ciudadanos convocados a formar parte de las mesas electorales será el Govern.

La sindicatura ha aceptado la petición, ha renunciado a finalizar sus trabajos y ha hecho efectivo el traslado de la labor realizada a otras entidades de obervación, después que el Tribunal Constitucional (TC) impuso el jueves multas de 6.000 a 12.000 euros diarios a los miembros de la sindicatura si no abandonaban su actividad. Ante esta situación, el Govern ha denunciado "la ofensiva autoritaria" de los organismos políticos y judiciales del Estado contra un ente electoral elegido por el Parlament. Las fuentes de la Sindicatura subrayan que su intención era la de no pagar ni un euro al Estado por la multa del TC, y calculan que se podría haber incrementado la sanción hasta los 30.000 euros por día y miembro de la Sindicatura, lo cual podría haber supuesto unos 2 millones de euros en total.

Cese de Jové

Turull, en rueda de prensa

El anuncio de la disolución de la sindicatura se ha producido después de que el Govern se haya reunido de forma extraordinaria este viernes por la mañana para aprobar un decreto por el que cesa al secretario general de Economía y número dos del departamento, Josep Maria Jové, detenido este miércoles por la Guardia Civil. La decisión se toma para proteger a Jové, a quien este jueves el Tribunal Constitucional (TC) ha exigido que cese en sus actuaciones de desobediencia respecto al referéndum o de lo contrario deberá pagar una multa de 12.000 euros diarios. "La mejor manera de proteger a esta persona era decretar su cese", ha añadido sobre Jové. 

El 'conseller' de Presidencia, Jordi Turull, ha pedido además que las fuerzas de seguridad del Estado no hace falta que se desplieguen en Catalunya. "Si es por tumultos, no hace falta que vengan, porque en Catalunya lo ha visto todo el mundo que no hay tumulto, sino mucha gente reafirmándose", ha apuntado. Turull ha explicado que las acciones que ha exigido el TC "es imposible que las haga", y además le exige que "o te inculpas o multa cada día de miles de euros" (12.000). El portavoz ha apuntado que se protege y protegerá a todos los detenidos y detenidas con asesoramiento jurídico y todo el apoyo que necesiten.

"Si es por el tumulto que no vengan"

El 'conseller' ha criticado el despliegue extraordinario de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado anunciado por el ministro del Interior al 'conseller de Interior, porque pretende crear un relato de la existencia de "tumultos" en Catalunya, lo cual generaría una excusa para la actuación policial. "Intentan engañar a mucha gente porque quieren crear un relato que no es, porque lo justifican por manifestaciones tumultuosas y no es cierto, todos han visto que las manifestaciones son absolutamente cívicas, pacíficas y alegres, si tienen que venir por el tumulto que no vengan", ha pedido. Turull ha confirmado que el 'conseller' de Interior, Joaquim Forn, contestará a la carta del ministro y comparecerá ante los medios.

El portavoz ha añadido que "lo que dijeron de que llegarían por tierra, mar y aire ya lo van haciendo, por tierra están, por mar en un crucero, por aire cada vez que paseamos tenemos el helicóptero de la policía nacional encima del 'pati dels tarongers'".

¿Detenciones de 'consellers'?

Respecto a si la actuación del Estado puede incluir en los próximos días la detención directamente de miembros del Govern, Turull ha respondido: "Son capaces de hacer cualquier cosa, si se creen que con detenciones del Govern la gente se va a ir a casa y se parará el 1-O, ni se parará el 1-O y el tsunami democrático se multiplicará por dos". "El 1-O ya está en manos de la gente", ha añadido.Referéndum Cataluña 1-O

¿Que dice el Código Penal?


TITULO XXII
Delitos contra el orden público
CAPITULO I
Sedición
Artículo 544.
    Son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales.

Artículo 545.
1. Los que hubieren inducido, sostenido o dirigido la  sedición o aparecieren en ella como sus principales autores, serán castigados con la pena de prisión de ocho a diez años, y con la de diez a quince años, si fueran personas constituidas en autoridad. En ambos casos se impondrá, además, la inhabilitación absoluta por el mismo tiempo.
2. Fuera de estos casos, se impondrá la pena de cuatro a ocho años de prisión, y la de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de cuatro a ocho años.
Artículo 546.
    Lo dispuesto en el artículo 474 es aplicable al caso de sedición cuando ésta no haya llegado a organizarse con jefes conocidos.

Artículo 547.
    En el caso de que la sedición no haya llegado a entorpecer de un modo grave el ejercicio de la autoridad pública y no haya tampoco ocasionado la perpetración de otro delito al que la Ley señale penas graves, los Jueces o Tribunales rebajarán en uno o dos grados las penas señaladas en este capítulo.

Artículo 548.
    La provocación, la conspiración y la proposición para la sedición serán castigadas con las penas inferiores en uno o  dos  grados  a  las respectivamente previstas, salvo que llegue a tener efecto la sedición, en cuyo caso se castigará con la pena señalada en el primer apartado del artículo 545, y a sus autores se los considerará promotores.

Artículo 549.
    Lo dispuesto en los artículos 479 a 484 es también aplicable al delito de sedición.
CAPITULO II
De los atentados contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos, y de la resistencia y desobediencia

Artículo 550.
    Son reos de atentado los que acometan a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o empleen fuerza contra ellos, los  intimiden gravemente o les hagan resistencia activa también grave, cuando se hallen ejecutando las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas.

Artículo 551.
1. Los atentados comprendidos en el artículo anterior serán castigados con las penas de prisión de dos a cuatro años y multa de tres a seis meses si el atentado fuera contra autoridad y de prisión de uno a tres años en los demás casos.
2. No obstante lo previsto en el apartado anterior, si la autoridad contra la que se atentare fuera miembro del Gobierno, de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, del Congreso de los Diputados, del Senado o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, del Consejo General del Poder Judicial o Magistrado del Tribunal Constitucional, se impondrá la pena de prisión de cuatro a seis años y multa de seis a doce meses.
Artículo 552.
    Se impondrán las penas superiores en grado a las respectivamente previstas en el artículo anterior siempre que en el atentado concurra alguna de las circunstancias siguientes:
    1.ª Si la agresión se verificara con armas u otro medio peligroso.
    2.ª Si el autor del hecho se prevaliera de su condición de autoridad, agente de ésta o funcionario público.
Artículo 553.
    La provocación, la conspiración y la proposición para cualquiera de los delitos previstos en los artículos anteriores, será castigada con la pena inferior en uno o dos grados a la del delito correspondiente.
Artículo 554.
1. El que maltratare de obra o hiciere resistencia activa grave a fuerza armada en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas, será castigado con las penas establecidas en los artículos 551 y 552, en sus respectivos casos.
2. A estos efectos, se entenderán por fuerza armada los militares que, vistiendo uniforme, presten un servicio que legalmente esté encomendado a las Fuerzas Armadas y les haya sido reglamentariamente ordenado.

Artículo 555.
    Las penas previstas en los artículos 551 y 552 se impondrán en un grado inferior, en sus respectivos casos, a los que acometan o intimiden a las personas que acudan en auxilio de la autoridad, sus agentes o funcionarios.

Artículo 556.
    Los que, sin estar comprendidos en el artículo 550, resistieren a la autoridad o sus agentes, o los desobedecieren gravemente, en el ejercicio de sus funciones, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a un año.  

jueves, 21 de septiembre de 2017

Niños hoy no hay clase,...Nos vamos de manifestación

Institutos de Olot piden autorización para que los niños acudan a las manifestaciones


Una familia con dos niños, en la pasada Diada. (Reuters)

Desde el Instituto Garrotxa de Olot insisten en que se trata de "una iniciativa estudiantil" que ellos se han limitado a apoyar. "La han mandado todos los centros de aquí", aseguran

"Apreciados padres: como ya sabréis, nos encontramos en medio de una situación política y social delicada. Durante estos últimos meses nos han estado pisando, a nosotros y a nuestros derechos. Actualmente no se trata tanto de independencia, sino de democracia y de los derechos que nos han privado. Los últimos hechos relacionados con el 1-O no nos han dejado indiferentes, por lo que hemos decidido organizarnos y movilizarnos desde las aulas".

Así comienza la carta que los institutos de Olot, en Girona, han enviado a las familias de sus alumnos para informarles sobre la manifestación que se ha llevado a cabo en el municipio a las 13:30 de este jueves "en defensa de la democracia y la libertad". Como si de una excursión se tratase, los centros piden a los padres en la misiva que autoricen a sus hijos a faltar a clase y acudir a la concentración, para lo que solicitan que se rellene un formulario y firmen el papel. "¡Ahora más que nunca debemos estar juntos!", aseguran como broche final en la carta.

La carta que han enviado los institutos de Olot. (EC) El Confidencial se ha puesto en contacto con el Instituto Garrotxa de Olot, desde donde confirman que se ha enviado la carta a los padres, aunque insisten en que se trata de "una iniciativa estudiantil" que ellos se han limitado a apoyar. "La han mandado todos los centros de aquí", aseguran estas mismas fuentes. De hecho, las primeras imágenes que se han subido a las redes sociales sobre la protesta muestran cómo decenas de jóvenes han participado en la misma, aunque en los mensajes se utiliza una vez más la idea de "movimiento estudiantil" para explicarlo.

Adoctrinamiento en las aulas

Adoctrinamiento en las aulas. Si durante las últimas horas los institutos de la localidad de Olot han enviado una carta a los padres de los alumnos para que sus hijos puedan asistir a manifestaciones en defensa del referéndum ilegal del 1-O, mientras que a los alumnos de la Universidad Autónoma de Barcelona se les instaba a participar en las movilizaciones contra los registros de la Guardia Civil en la Consejería de Economía, este jueves 21 de septiembre de 2017 las cosas han ido aún más lejos. (El 'cateado' colegio público catalán que no sabe escribir en español).
Maa allá de este caso concreto, El Confidencial ha tenido acceso a un vídeo que se ha grabado la mañana de este jueves frente a la Comisaría de Policía Nacional de Manresa, donde ha tenido lugar otra concentración para protestar contra la "represión de las fuerzas de ocupación". Al igual que la de Olot, los protagonistas de la misma también han sido menores, quienes han acudido al lugar con las mochilas del colegio.

El Confidencial


Lluís Salvadó, el detenido clave de los 30.000 millones en el extranjero

De los 14 detenidos por las fuerzas del orden en la operación judicial contra el referéndum, uno de ellos, ligado a ERC, era objetivo prioritario por su importancia para el 1-O

Foto: El secretario de Hacienda de la Generalitat, Lluís Salvadó. (EFE)
El secretario de Hacienda de la Generalitat, Lluís Salvadó. (EFE)

La Guardia Civil tiene grabaciones del secretario catalán de Hacienda, Lluís Salvadó, uno de los detenidos en la operación judicial de ayer, en las que explica que ya tiene “30.000 millones de euros asegurados para iniciar la independencia”. Salvadó es también secretario general adjunto de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). De ahí el enfado de los diputados de esta formación cuando se enteraron, mientras estaban en el pleno del Congreso, de la detención de sus colegas en Barcelona y de los registros en dependencias oficiales de la Generalitat.

Ese dinero, aseguraba el alto cargo del Gobierno catalán, proviene del extranjero. En algunas de sus charlas, Salvadó argumentaba que “para comenzar a andar, el 2 de octubre deberíamos tener encima de la mesa 5.000 millones de euros para cubrir los gastos de ese mes”. Su preocupación es que “el Gobierno catalán necesita 5.000 millones mensuales, o sea, 60.000 millones de euros al año, para que todo siga funcionando, pagando las nóminas de los funcionarios, pagando a los ayuntamientos, pagando a los Mossos, pagando las prestaciones de jubilación y de paro…”.

Golpe judicial al entorno de Junqueras

Con el dinero que afirmaba que ya tenía apalabrado en el extranjero, pues, tendría para ir tirando seis meses. ¿Y cómo conseguiría el resto? Él tiene claro que solo hay tres modos: mediante impuestos, mediante cotizaciones o acudiendo a los mercados internacionales. Pero en sus mensajes aleccionadores organizados por la Asamblea Nacional Catalana (ANC) a ciudadanos o colectivos, afirmaba que podía tener acceso a fondos de inversión internacionales que estarían dispuestos a aportar dinero para que Cataluña se independizase. Es más: dejaba entrever que ya había habido contactos con estos fondos y que no sería ningún problema obtener el dinero que Cataluña necesita para sacudirse de encima a España. Todo depende, claro, de lo que se les prometa luego a los fondos que tan ‘desinteresadamente’ apuestan por una secesión de estas características.

Sin embargo, el principal problema que tiene la Generalitat —decía Salvadó en un encuentro en el barrio barcelonés de Gràcia el pasado 11 de mayo— es que la Hacienda catalana recaudó en el año 2016 un total de 1.200 millones de euros. Eso significa que, si comienza su año fiscal el 1 de enero, el día de Reyes ya lo habría gastado todo. Es, pues, una cantidad irrisoria. Tras un gran esfuerzo fiscal en 2017, esperaba que a 1 de septiembre la recaudación de su Hacienda ascendiese a 3.000 millones, lo que alargaría la supervivencia del Estado catalán “hasta el día de San Antonio, el 17 de enero”. Otra cantidad irrisoria.

Pero su teoría tenía trampa: pensaba disminuir la brecha deficitaria con la recuperación de “15.000 o 16.000 millones de euros que corresponden al expolio fiscal”. Se quejaba de que el Gobierno español había creado un sistema fiscal que hacía que las empresas del Ibex pagaban un impuesto de sociedades inferior al 10%, lo que es un agravio comparativo “con nuestro tejido empresarial”.

La guerra de los impuestos

Por eso, afirmaba ante los suyos, “tenemos ya preparada toda la estructura informática para gestionar los impuestos en Cataluña, incluyendo los del Estado”. Lo que no dejaba claro es cómo piensa detraer los impuestos estatales de las cuentas del Reino de España y esconderlas de Cristóbal Montoro. Es cierto que, entre otras cosas, su departamento llegó a acuerdos con las cuatro diputaciones de Cataluña (todas en manos de los independentistas) para que se conviertan en oficinas recaudadoras de la Agencia Tributaria catalana en sus respectivos territorios. Pero eso no es suficiente. Lo que tiene claro es que “cuando vayamos a votar, hemos de estar capacitados para que el día después pasen cosas”.

El secretario de Hacienda de la Generalitat, Lluís Salvadó (d), y el vicepresidente, Oriol Junqueras.

El secretario de Hacienda se quejaba en una de sus charlas de que “en 2015, éramos 125 trabajadores en la ATC, gestionábamos el 50% de las funciones propias de la autonomía y delegábamos mucha recaudación en los registradores de la propiedad. Y hasta 2016, pagábamos 10 millones a la AEAT para hacer la recaudación ejecutiva”. Ante ello, considera que para desarrollar la Hacienda catalana es necesario “asumir la recaudación ejecutiva, ya que es absolutamente imprescindible para el día en que asumamos la recaudación de la totalidad de los impuestos. Para ello, hemos aumentado personal. Hemos pasado de 324 a 450 personas, y a 1 de septiembre tendremos 750, y en dos o tres meses más, llegaremos a las 800. A esas personas las tendremos que ubicar en algún sitio y pensamos aumentar nuestras oficinas de cinco a 32, habilitando 14 oficinas propias distribuidas por el conjunto del país. Ya hemos firmado contratos con empresas que están habilitando estas oficinas, para tenerlo todo preparado el 1 de septiembre. Luego, tendremos 13 oficinas más dependientes de diputaciones y consejos comarcales”.

Quería gestionar los embargos de tráfico

Todo ello, “ha de ir acompañado por un sistema informático para tratar datos de forma eficiente. Ya gestionamos el impuesto de vehículos contaminantes, con cinco millones de contribuyentes, y estamos preparados para asumir con estos programas aquellos impuestos que gestionan, habitualmente, los estados”. La base de datos, afirmaba, “es muy potente”.

Salvadó esperaba gestionar totalmente la recaudación ejecutiva este mes de septiembre, incluidas las 300.000 sanciones impagadas de Tráfico. “A quien no pague multas, lo embargaremos nosotros y no la AEAT, como ocurre ahora”, aseguraba. Asimismo, asume la gestión de impagados extraterritoriales de varios ayuntamientos, entre ellos Barcelona y Sabadell.

El Confidencial

TC a la Sindicatura Electoral - A multazo limpio

Tribunal Constitucional Tere García



El Tribunal Constitucional ha impuesto una multa coercitiva de 12.000 euros diarios a los cinco miembros titulares y a los dos suplentes de la Sindicatura Electoral catalana, el órgano que pretende suplantar a la Junta Electoral para llevar a efecto el referéndum ilegal de autodeterminación del 1 de octubre, suspendido por el alto tribunal. La sanción llega después de que la Sindicatura haya incumplido la orden del Constitucional de informar antes de 48 horas de las medidas adoptadas para cumplir con la suspensión de la Ley del Referéndum, lo que, en la práctica, suponía la disolución del organismo.



La Sindicatura está formada por juristas y politólogos nombrados por la mayoría parlamentaria de Junts pel Sí y la CUP. El órgano ha nombrado ya a sus delegados, un total de 15, en las cuatro provincias catalanas y en el Vall d’Aran. Para estos miembros territoriales la sanción es de 6.000 euros. La sanción será efectiva a las 24 horas desde la publicación de la resolución en el Boletín Oficial del Estado (BOE), según fuentes jurídicas, con lo que si renuncian al cargo se ahorrarán la multa.


El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha acordado de forma unánime la imposición de multas diarias de 12.000 euros para cada uno de los cinco miembros de la sindicatura creada por el Parlamento de Cataluña para ejercer a modo de junta electoral de cara al referéndum del próximo 1 de octubre. En el caso de los síndicos territoriales estas multas ascienden a 6.000 euros, han señalado a Europa Press fuentes de este órgano.




La decisión se ha alcanzado por unanimidad pero tres de los 12 magistrados del tribunal de garantías redactarán un voto concurrente para fijar su postura respecto de a imposición de esta medida de carácter coercitivo. Las multas son una atribución con la que el tribunal ya contaba antes de la última reforma de su Ley Orgánica -dirigida a mejorar los instrumentos para que el TC haga cumplir sus resoluciones-, si bien dicha reforma supuso elevar la cuantía de las mismas.



El número dos de Junqueras



El Pleno del Tribunal Constitucional también ha impuesto multas diarias al número dos de Oriol Junqueras en la Consejería de Economía, Josep María Jover -detenido ayer en la operación dirigida a evitar el referéndum ilegal-. La cuantía para este alto cargo es de 12.000 euros diarios mientras insista en su desobediencia a este órgano, la misma que se ha impuesto para cada uno de los cinco miembros de la sindicatura electoral.


Se le ha impuesto esta sanción como jefe de la administración electoral y en este sentido también ha sido multada, aunque con 6.000 euros diarios a Montserrat Vidal y Roca, igualmente responsable de este asunto.

Oriol Junqueras que habia estado agazapado los ultimos meses esperando que Puigdemont quien asumiera la responsabilidad política del golpe a la democracia española,  está ahora realizando una gira por los medios afines con lágrimas incluidas de un niño malcriado en TV3 y La Sexta (La Secta).


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