domingo, 17 de diciembre de 2017

65 millones camuflados en contratos para financiar el golpe


Josep María Jové, antiguo alto cargo del Departamento de Economía y uno de los ejecutores del 1-O / CG

¿Cuál es el servicio real que prestaron 25 empresas (alguna, de las más importantes del país en el sector de las telecomunicaciones y de la consultoría) al Cesicat, centro de seguridad de la información de Cataluña, y para el CTTI, centro de comunicaciones y tecnologías de la información de la Generalitat?

Esa es la pregunta que se ha planteado el juez de instrucción número 13 de Barcelona a partir de la investigación reservada que, durante más de un año, ha llevado a cabo la Fiscalía de la Audiencia Nacional que, con el concurso de la Guardia Civil, ha analizado uno a uno los centenares de contratos suscritos por las empresas con ambos organismos desde 2012 en adelante. La Generalitat camufló los gastos del 'procés' en contratos con 25 empresas.


La Guardia Civil desgrana uno a uno esos pagos que pueden suponer la prueba definitiva sobre la malversación de caudales públicos


Decenas de millones

Se trata de 65 millones de euros gastados en unos contratos sobre el papel absolutamente correctos y aparentemente transparentes pero que, en opinión de la Guardia Civil, no lo son. 

Los investigadores al frente de la instrucción del llamado caso del 1-O o Caso Anubis han podido acreditar que desde el Gobierno de la Generalitat que presidía Carles Puigdemont se utilizó la fórmula de los llamados “contratos o acuerdos marco” para camuflar, bajo su aparente transparencia, pagos por “otros servicios” que pudieran ofrecer esas empresas al Govern.

La Guardia Civil sospecha que esos “otros servicios” estarían directamente relacionados con la llamada “creación de las estructuras de Estado”, cuyas leyes había declarado ilegales el Tribunal Constitucional.

De nuevo Jové

De hecho, en la controvertida y delatadora agenda de Josep María Jové, antiguo alto cargo del Departamento de Economía y uno de los ejecutores del 1-O, aparece una explícita anotación sobre esos “contratos o acuerdos contractuales marco” como el “mecanismo o herramienta que cabía utilizar” para pagar los servicios de las empresas que trabajaban en la sombra en proyectos vinculados a la independencia.

La Guardia Civil inició la investigación de estas empresas tras la orden del fiscal de la Audiencia Nacional Vicente González Mota, quien enumeró las compañías sospechosas de haber suscrito contratos que, parcialmente, pudieran esconder servicios no especificados y sí vinculados con el proceso independentista. En septiembre de este año, el fiscal remitió todo lo investigado al juez de Barcelona.

Importantes empresas

Entre las decenas de contratos firmados por las 25 empresas referenciadas en el sumario destacaremos, por ejemplo, el suscrito por Incita Security SA con el Cesicat el 20 de diciembre de 2012 por un valor de 1.250.000 euros bajo el concepto: “Provisión de servicios de respuesta a incidentes, análisis de vulnerabilidades en infraestructuras, monitorización y detección de malware”.

Otros contratos bajo la lupa del juez son los suscritos en la sede de Mossos d'Esquadra entre la Generalitat y la empresa Grupo S21 DEC sobre “eventos de seguridad de la información”.

Contratos por auditar

Los contratos entre la empresa Rohde & Schwarz España SA con el CTTI y el Cesicat, así como los de Pricewaterhousecoopers Auditores o Pricewaterhouse Asesores de Negocio SL con el Cesicat forman parte de la prioridad de la investigación judicial. Esta ultima empresa firmó con el Cesicat un contrato administrativo por un importe de 2.655.370 euros en 2014 bajo el epígrafe “Consultaría de seguridad y cumplimiento normativo”. Fuentes de la empresa han explicado a Crónica Global que se trata de un contrato transparente y habitual que satisfizo a ambas partes y que no esconde trabajos no recogidos en el epígrafe.

Otras empresas como Ricoh España SLU y Concatel están también sobre la mesa del juez.

La Guardia Civil ha iniciado el estudio, además, de los contratos entre el CTTI e Indra entre 2012 a 2015, unos acuerdos por valor conjunto de 40 millones. También se investigan contratos de Hewlett Packard, Fujitsu Technology Solutions, Seifor, Deloitte Consultion, T-Systems (para quien la Fiscalía reserva un expediente) y Vass Consultoria.

sábado, 16 de diciembre de 2017

Hartos del procés

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Las encuestas de ayer sobre las elecciones catalanas ha marcado un confuso resultado que si se cumplen hará necesarias arduas negociaciones para formar un gobierno estable en el que solo el sentido común y el patriotismo de candidatos y partidos que puede salvar a Cataluña y por extensión a España de la catástrofe. El pesimismo que se vislumbra por doquier. No existen programas coincidentes o al menos parecidos sino hay quienes discuten aun si Cataluña debe permanecer o no dentro del estado español, cuando ya se han explorado hasta la saciedad la imposibilidad de este camino mientras Rajoy afirma que con el 155 se ha normalizado la región. A estas alturas esta es la discusión mientras de quienes participan en la campaña y pretenden dirigir Cataluña desde el "exilio" de Bruselas , la cárcel de Extremera o La Moncloa, 

ERC y Ciudadanos se perfilan como vencedores pero sin poder para formar un gobierno minimamente fiable. Rovira y Arrimadas solo coinciden en una frase: "Cataluña esta harta del procés", no se puede mantener un día mas la éxodo de empresas y personas El personal está harto y se tiene ganas de recobrar la normalidad. Los separatistas pregonan que si obtienen la mayoría en estas elecciones quedará legitimado todo lo que hicieron hasta que, por fin, se aplicó el 155. Quieren hacer creer que si consiguen otra mayoría quedarán refrendados, bendecidos por los votantes, su ilegal referéndum del 1 de octubre y sus atropellos a la legalidad democrática. Eso es imposible.

A punto de terminar la campaña electoral donde se va a elegir el camino que va a dirigir Cataluña y los partidos que van a pactar su destino a partir de ahora, nos encontramos un montón de incógnitas que los candidatos no han sido capaces de explicar, tal vez porque casi todos los que están en liza, no son sus lideres naturales.

jueves, 14 de diciembre de 2017

Miguel Iceta - El indulto a los golpistas como solución

Miquel Iceta, el lunes en un mitin electoral celebrado en Badalona

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha asegurado este miércoles en una entrevista concedida a la cadena 'RAC1' que si es elegido presidente de la Generalitat pedirá el indulto para los 'exconsellers' que están en prisión y para Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. "Sin duda pediría el indulto porque en este país tendremos que cerrar heridas que tienen un origen político", ha asegurado el socialista en este sentido. Cabe señalar, sin embargo, que se trata de una medida de gracia que solo puede conceder el Gobierno central. 

Miquel Iceta aparte de que da por segura la condena de quienes ahora están en prisión preventiva, no disimula su pretensión de ser el hombre que puede aunar todas las voluntades en Cataluña. Sin embargo, la propuesta con la que se ha descolgado en la última semana de campaña, planteando el indulto futuro a quienes sean finalmente condenados por el golpe secesionista del 1-0, no ha recabado entusiasmo en sus adversarios, ya sean estos del bloque independentista, del constitucionalista o de Podemos.


Algo que se refleja a la perfección en sus listas, donde aparece en un lugar destacado el nacionalista Ramón Espadaler, antiguo dirigente de Unió Democrática de Catalunya, que fue consejero de Interior durante la consulta independentista ilegal del nueve de noviembre de 2014, o el fiscal Carlos Jiménez Villarejo, antiguo eurodiputado de Podemos.

Es una forma poco elegante de referirse a la incomodidad que provoca la intromisión de la justicia en los problemas que bien podrían arreglarse en el reservado de un restaurante. O en casa de Jaume Roures. La judicialización es la justicia indeseada. La aparición de un invitado molesto en la trastienda del poder. Nadie utiliza el término en un sentido positivo, en plan: "Afortunadamente, la judicialización del caso ha permitido que se repare el daño". Detrás de la palabra siempre hay un poderoso que no desea la injerencia de un poder ajeno, el que precisamente tiene como misión evitar que transgreda la ley. La judicialización es la justicia como estorbo, plomo en las alas de la política, una sutil extorsión lingüística que sugiere que mejor que una sentencia, siempre será un buen amaño.

Quien mejor describe el indulto como instrumento político es el progresista Joaquim Bosch, de la progresista Jueces para la Democracia, cuando dice que provoca en la ciudadanía la sensación de que "el poder se perdona a sí mismo" o cuando recuerda que "la Constitución prohíbe la arbitrariedad de los poderes públicos". Claro que Bosch dijo eso cuando hablaba de ladrones y quizás para Iceta ya sea más grave la comisión que la sedición. Pero el hecho es que no lo es. Ni por su naturaleza, ni por sus consecuencias, ni por la pena que conlleva.

La campaña de los independentistas se ha basado desde el principio en esa perversión que establece la supremacía de las masas sobre las leyes. Basta leer la carta que Oriol Junqueras ha enviado al presidente Rajoy, como si de éste dependiera -o debiera depender-, su futuro judicial y con la que prefigura cuál sería -más bien cuál no sería- la independencia judicial y el imperio de la ley en su ansiada república.

Para las fuerzas constitucionales hay algo peor que perder las elecciones, que es ganarlas perdiendo todo lo demás. Ayer Iceta dio un gran paso en esa dirección.

En la entrevista, Iceta se ha comprometido además a que dejará la Presidencia catalana si, transcurridos dos años de legislatura, su vía basada en "el diálogo, la negociación y el pacto" no hubiera producido "frutos" ni "resultados" para Cataluña en forma de acuerdos.

Pujol Corporation 65 - Oriol Pujol a juicio por el caso ITV



Finalmente Oriol Pujol Ferrusola será el segundo de la familia que pise la cárcel. Había pactado una condena a dos años y medio de prisión para que su mujer Anna Vidal eludiese la cárcel. Sin embargo no ha alcanzado un acuerdo con el Ministerio Público, ya que uno de los acusados por la trama  Josep Tous presentó un escrito donde alegaba que la conformidad alcanzada por el resto vulneraba su derecho de defensa. La Audiencia de Barcelona ha concluido este jueves que "el juicio debe continuar para todos ellos".

En una resolución emitida este jueves, la magistrada María del Carmen Zagalegui ha decidido no admitir el acuerdo de conformidad por no haber sido firmado por todos los acusados, de manera que ha resuelto mandar a juicio a Oriol Pujol Ferrusola, Anna Vidal Maragall, y los empresarios Ricard Puignou Vigo y Sergi Pastor Colldeforns, aunque aún no hay fecha señalada.

Marido y mujer reconocen que recaudaron mordidas de empresarios a los que, con su influencia política, ayudaron a obtener adjudicaciones de estaciones de ITV. El acuerdo se materializó tras más de un año de negociaciones en una vista celebrada en el Juzgado de Instrucción 9 de Barcelona. Se trató de un pacto parcial puesto que no se adhirieron ni el patrón Sergi Alsina ni quien fuera número dos de la Diputación de Barcelona Josep Tous. Será ahora el Tribunal que enjuicie el caso el que decidirá en los próximos meses si da por buena la conformidad formalizada por el exdirigente de Convergencia.

Intervención corrupta, "intensa y decisiva"

La Fiscalía Anticorrupción concluyó hace un año que Oriol Pujol, gracias a su condición de diputado por Convergencia y Unión en el Parlamento catalán, utilizó su influencia política para favorecer a empresarios del sector de las ITV. También dictaminó que el hijo del expresidente cobró comisiones por esos beneficios de uno de ellos, amigo personal, que camufló los pagos con falsos conceptos como trabajos de asesoría de la mujer del político que jamás se produjeron.

La acusación pública pedía cinco años y dos meses de cárcel y una multa de 310.000 euros para Oriol Pujol por los delitos de tráfico de influencias, cohecho, y falsedad continuada en documento mercantil. Para su mujer, Anna Vidal, rebajaba sus pretensiones a los tres años y cuatro meses de prisión. Según la Fiscalía, ella se embolsó fondos entre 2010 y 2012 por esos servicios no prestados al empresario íntimo de su marido, el también acusado Sergi Alsina, y en concepto real de comisiones a cambio de favores políticos.

Los empresarios que participaron de la trama cobijada por Oriol Pujol pagaban por la intervención del político, "intensa, decisiva y claramente beneficiosa para los implicados gracias a los relevantes cargos políticos que ostentaba", explicó el Ministerio Público en su informe. Añadía que "gracias a la labor fundamental del acusado Pujol Ferrusola, la operación mercantil para la que fue contratada la empresa del acusado Sergi Alsina Jiménez –entre otras–, tuvo un éxito esperado".

El sector de las ITV

Las maniobras en beneficio de Sergi Alsina no se circunscribieron al sector de las Inspecciones Técnicas de Vehículos, en este ámbito colaboró con otros empresarios. La relación de los propietarios de establecimientos para pasar la ITV con Oriol Pujol comenzó en 2010 en base a los datos de la Fiscalía.

El hijo del expresidente Jordi Pujol sugirió aquel año al Gobierno catalán que contratase al empresario vinculado a la trama Josep Tous para diseñar el plan territorial de las estaciones de ITV. Según Anticorrupción, aquella decisión escondía la voluntad de que el proyecto favoreciese los intereses privados de otro empresario acusado, Ricard Puignou, en la negociación sobre las estaciones.

La Fiscalía sigue pidiendo seis años y dos meses de cárcel y una multa de 250.000 euros para Sergi Alsina por tráfico de influencias, falsedad documental continuada y dos delitos de cohecho. También solicita un año de cárcel para Ricard Puignou y Josep Tous por cohecho; la misma pena de prisión para Sergi Pastor, en su caso por supuesto tráfico de influencias y acompañada de una multa de 250.000 euros.


Será el segundo de los Pujol que pise la cárcel, después de que su hermano mayor Jordi Pujol Ferrusola permanezca en prisión provisional como principal sospechoso de la red de blanqueo de capitales familiar. La Fiscalía solicitaba inicialmente cinco años de cárcel para Oriol, pero rebajó a dos años y medio después de que admitiera los delitos de cohecho, falsedad documental y tráfico de influencias con el cobro de comisiones ilegales en el marco del caso ITV. A cambio, su mujer Ana Vidal podria sustituir la pena de cárcel por el pago de una multa de 47.250 euros.

miércoles, 13 de diciembre de 2017

Asesinado por llevar unos tirantes con la bandera de España


Víctor Láinez, asesinado en Zaragoza | Twitter

Dos jóvenes atacaron en Zaragoza a un hombre por llevar tirantes con la bandera de España. La agresión fue por la espalda, los asesinos le golpearon en la cabeza con una barra de hierro y ha fallecido dada las gravísimas lesiones cerebrales causadas, que en principio le provocaron la muerte cerebral. La víctima era simpatizante de Falange Española y por eso la formación política ha anunciado que se presentará como acusación popular en este caso, porque el homicidio está motivado por discriminación y persecución ideológica.

La víctima responde al nombre de Víctor Lainez y nació hace 55 años en Tarrasa, pero vivía en la capital aragonesa desde hace años, era un gran aficionado a las motos y pertenecía al grupo motero de los Templarios de Zaragoza. Dos individuos de extrema izquierda se metieron con él por los citados tirantes. Los tres habían coincidido a eso de las 2:30 en una discoteca y cruzaron unas palabras en relación a sus respectivas ideologías.

Cuando Víctor abandonó el local, los dos asesinos salieron tras él y uno de ellos le golpeó por detrás con una barra de hierro, aunque también pudiera tratarse del sillín de una bicicleta. El dueño del local se dio cuenta de que iban a por él y advirtió a la víctima, aunque cuando ésta se quiso volver, ya no se pudo defender y cayó desplomado a causa del violento golpe. Una vez en el asfalto, los dos asesinos le dieron varias patadas en la cabeza para rematarle y huyeron del lugar.




Rodrigo Lanza, presunto autor del asesinato de Víctor Laínez |

El detenido por el asesinato del zaragozano que llevaba la bandera de España en los tirantes es, según El Periódico de Aragón, Rodrigo Lanza Huidobro, conocido por las fuerzas de seguridad por su vinculación a movimientos okupa y de ultraizquierda y por tener antecedentes penales después de que dejara tetrapléjico de una pedrada a un guarda urbano de Barcelona en 2006. Fue puesto en libertad tras haber cumplido dos años de prisión de una condena de cinco añosEl joven antisistema tiene 33 años, es de origen chileno y nacionalidad española. 

Lanza se dio a conocer por participar en el documental Ciutat Morta, emitido por el segundo canal de TV3 y que pretendía desvelar un presunto montaje policial y judicial para condenar al agresor y al resto de jóvenes antisistema que provocaron los disturbios tras el desalojo de la casa okupa de Barcelona. El propio Rodrigo Lanza Huidobro, dijo que le habían detenido porque España es un país racista.

El abogado que defendió a este antisistema fue Gonzalo Boye, quien acustrumbra a intervenir en la Sexta como asesor legal. El letrado es exmiembro del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) chileno y pasó varios años en la cárcel en España por el secuestro del industrial Emiliano Revilla.  

Pablo Iglesias, con la madre de Rodrigo Lanza y otros allegados de los...

Pablo Iglesias, con la madre de Rodrigo Lanza y otros allegados de los condenados tras el desalojo del centro okupa.

Rodrigo Lanza Huidobro, el antisistema que presuntamente asesinó a Víctor Laínez en Zaragoza por llevar unos tirantes con la bandera de España, fue calificado de "víctima" y defendido reiteradamente en redes sociales por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, después de que fuera condenado por dejar tetrapléjico a un guardia urbano de la capital catalana arrojándole una piedra en la cabeza. Asimismo, durante su campaña en 2015, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, mantuvo una reunión con algunos de los condenados. Una reunión a la que acudió la madre del presunto homicida y que ilustra esta información.

Esta mañana en el Congreso, Iglesias ha mostrado su "condena a cualquier tipo de violencia", al tiempo que ha expresado su "confianza en la Justicia". Cuestionado sobre si se arrepentía de haber apoyado a los familiares de Lanza, Iglesias ha respondido que ellos se han "reunido siempre con colectivos sociales. Lo que ocurra después con sus familiares.... en fin". Sin ofrecer más explicaciones.

El saqueo de Andalucía 158 - Arranca el juicio de los ERE

De izquierda a derecha: Magdalena Álvarez, los expresidentes Manuel Chaves, José Antonio Griñán y los exconsejeros Gaspar Zarrías y José Antonio Viera. Detrás, el exdirector de Trabajo Francisco Javier Guerrero.
Caso ERE: arranca el juicio a Chaves, Griñán y 22 altos cargos

Este miércoles ha comenzado en Sevilla el juicio por corrupción más relevante para el PSOE. Se trata del caso  ERE donde fueron desviados cerca de mil millones de euros hacia los bolsillos de políticos, militantes, sindicatos o aseguradoras todos ellos afectos al partido socialista. 

Siete años después del comienzo de la instrucción por la juez Mercedes Alaya, la Audiencia Provincial de Sevilla, vía el tribunal designado, tendrá que comenzar a decidir si hubo o no delitos en el comportamiento de 22 acusados entre los que se encuentran dos expresidentes de la Junta, siendo los demás altísimos cargos. Para ello tendrá que examinar más de un millón de folios en casi 400 tomos de sumario o, en soporte informático, 8.500 archivos.

En 1991 Manuel Chaves llegaba a la presidencia de la Junta de Andalucía donde se ha mantenido hasta 2008, siendo sucedido por José Antonio Griñán hasta 2003. Esto es, son 23 los años que abarca la gestión que ambos han hecho del dinero y de las formas políticas andaluzas, desde la hegemonía socialista obtenida en 1982 y jamás abandonada hasta el momento.

El juez instructor Ángel Márquez fue objeto de todo tipo de ataques e incluso de intentos de soborno por parte del PSOE a nivel nacional, la juez Alaya ha sido objeto de constantes ataques por haber sido implacable en llegar hasta la "cúspide de la pirámide" de este gran caso de corrupción de la historia reciente de España y Andalucía.

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Algunos elementos llamativos del proceso es que ha afectado con imputación precisa a alrededor de 300 personas; que trata de dirimir el destino de más de 854 millones de euros si se tiene en cuenta el tiempo transcurrido (741 millones en origen); que decide si los dineros públicos empleado en ayudas sociolaborales fue fraudulenta y clientelar (el que la Junta haya reclamado como irregulares 135 millones da una idea de que los indicios eran sólidos) y si todo el entramado fue un diseño político establecido desde la cúpula de la Junta para apuntalar su sistema clientelar desde el año 2000 hasta el 2010.

En resumen, determinadas empresas y colectivos de trabajadores, con participación de UGT y CCOO, obtenían arbitrariamente ayudas bajo la forma de subvenciones o articulación de EREs que eran financiados anómalamente por la Junta de Andalucía sin atender a consideraciones legales ni de mercado.

El dinero destinado a tal menester se cargaba, sobre todo, a la partida presupuestaria 31L, conocida como "fondo de reptiles" desde donde llegaba a la Agencia IDEA, antes IFA, bajo el ropaje de las conocidas como "transferencias de financiación", un mecanismo sólo permitido para equilibrar cuentas públicas, no para albergar subvenciones encubiertas.

El caso es que el procedimiento, irregular según el Interventor General de la Junta de Andalucía y otros expertos, se mantuvo a pesar de las advertencias con la excusa de "agilizar" los procedimientos administrativos que retrasaban las ayudas consideradas urgentes. Además, se perpetró un indiscriminado incremento de las comisiones para intermediarios de las aseguradoras intervinientes en el pago de las prejubilaciones decididas por la Junta de Andalucía.

Según la Fiscalía, nadie puso coto ni freno a estas prácticas irregulares y arbitrarias para conceder subvenciones y financiación a según qué empresas y colectivos de trabajadores dejando a otros con el mismo derecho sin cobertura y ninguno de los altos cargos eliminó durante diez años el procedimiento de las "transferencias de financiación" cuyo uso había sido denunciado por la Intervención General.

José Antonio Griñán, que además de expresidente de la Junta fue el consejero de Economía y Hacienda que debió haber cortado de raíz las irregularidades, se lleva la peor parte, con una petición de penas de seis años de cárcel por malversación de caudales públicos. Manuel Chaves sólo afronta penas de inhabilitación para ejercicio de cargo público como consecuencia de un delito de prevaricación. Los demás combinan ambas penas, cárcel y/o inhabilitación siendo el más grave el del ex delegado del gobierno y exconsejero, José Antonio Viera, al que se le piden ocho años de cárcel.

La sala del juicio alojará durante casi un año, si no hay retrasos, a los 22 acusados, a 116 testigos, de ellos 59 de las defensas, y el resto de la acusación que ejercen la Fiscalía, el PP y Manos Limpias. Entre ellos, se conoce ya que habrá tres expresidentes del Parlamento andaluz y algunos miembros de la Cámara de Cuentas de Andalucía. Además, desfilarán numerosos peritos para aclarar las cuestiones técnicas.

Se trata de esclarecer si hubo una trama política que decidió actuar irregularmente a sabiendas, que tal trama funcionaba jerárquicamente y sin atender a legislación alguna y si los procedimientos utilizados eran incompatibles con la legalidad vigente. No hubo enriquecimientos personales en las altas instancias, que se conozcan, pero sí importantes réditos políticos.

Que eso fue lo que ocurrió es la tesis que defendió la juez Alaya, la tesis que asumió la Fiscalía Anticorrupción, la misma que aceptó el Tribunal Supremo y la que se plasmó finalmente en el auto del juez de instrucción Álvaro Martín, que dio comienzo a este juicio oral.

Frente a esta tesis, derivada sobre todo del peritaje de la Intervención General del Estado y de la homónima de la Junta de Andalucía y de la declaración del ex director general Francisco Javier Guerrero, está la posición de los acusados de que las irregularidades eran cosa de "tres o cuatro golfos", el mencionado Guerrero entre ellos.

Según esta versión, en todo momento se tuvo en cuenta la legalidad vigente nacional y las transferencias de financiación eran el instrumento legal adecuado para conceder las ayudas. Las comisiones a las aseguradoras eran totalmente legales y ajustadas al mercado. Por tanto, las ilegalidades se produjeron más abajo, en los dominios de los chivos expiatorios perfectos, los consejeros de Trabajo y los directores generales de Trabajo de la Junta de Andalucía.

La Junta de Andalucía, que estuvo personada como acusación particular durante toda la instrucción, ha solicitado el archivo de la causa. Con ello, acepta la tesis de las defensas de que no hay trama política alguna en esta tela de araña de irregularidades. En ayuda de esta versión, está la decisión de la juez Núñez Bolaños archivando la pieza de la trama política del caso de la formación.

Las primeras sesiones del juicio, este 13 de diciembre, mañana y pasado mañana, estarán destinadas a la presentación de las cuestiones previas, que podría incluir alguna petición de nulidad total del juicio. Ya después del Reyes, el día 9 de enero se reanudarán las sesiones con la declaración de los 2 acusados sin que se sepa aún quiénes serán lo primeros. Sólo se sabe que los últimos serán Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Desde el 9 de enero, habrá cuatro sesiones a la semana durante un tiempo no inferior a seis meses, por lo que la sentencia no se producirá previsiblemente antes de octubre de 2018.

martes, 12 de diciembre de 2017

La pancarta


En la misma plaza de la ciudad de Vic donde se realizan toda clase de aquelarres de los separatistas, aparecieron dias atrás unas jaulas con independentistas encerrados alli voluntariamente.  Resulta que ya no molaba el jueguecito de encerrarse en una jaula  y hacerse la foto junto al homínido que estaba alli encerrado a horas.  Las jaulas se han marchado hacia Olot. Pero para la plaza ya tenian preparada otra sorpresa. ya que apareció una pancarta ideológica gigante en el centro de la plaza. 


¿Quién ha puesto la pancarta?... Fueron los bomberos de la Generalitat, el 112, que además llegó con el camión tuneado de separatismo que aprovechando la noche salieron para realizar el "servicio" O sea, servicios públicos trabajando para ideologías y personas concretas ahora mismo bajo sospecha de la justicia.  Mientras la Generalitat  no se quiere enterar. Soraya... ¿sabes algo?


¿Es normal que pongan esta pancarta en Vic? y dicen por allí que el articulo 155 los tiene oprimidos....

Hoy la Junta Electoral ha ordenado que se retire la pancarta y el lazo amarillo que la alcaldesa Anna Erra había mandado poner frente la fachada de Ayuntamiento, pero la pancarta gigante sigue ahi, ya que el ayuntamiento dice que carece de medios para retirarla debido a la gran altura y la distancia de sus anclajes.  No será muy difícil identificar el camión de los bomberos y su dotación que con amplio despliegue que la instaló y proceda a quitarla